El establecimiento hoy está con una orden de desalojo por una demanda de arriendo.
Los querellantes reclaman que en 14 meses la indagatoria no avanza.
La querella se presentó por la falta de 1.500 millones de pesos en la institución.
La actual administración del Instituto San Pedro en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, solicitaron que la Fiscalía de Concepción formalice por los delitos de malversación, apropiación indebida y fraude al Fisco por 1.500 millones de pesos a los ex controladores del recinto educacional que hoy está con orden de desalojo.
Los acusados son Julio Figueroa y Álvaro Hinojosa, quienes fueron sacados de la administración del recinto por las irregularidades.
Ocurrido eso ellos demandaron por un juicio de arrendamiento del establecimiento como dueños del inmueble, en el que reclamaron 425 millones de pesos, lo que fue concedido por la justicia, por lo que hoy el recinto que tiene 880 alumnos mantiene una orden de lanzamiento.
José Vargas, abogado de la Corporación Educacional Instituto San Pedro dijo que "estamos solicitando al fiscal Nelson Vigueras que formalice la investigación. La querella criminal por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco fue presentada por la corporación el 29 de mayo de 2018, es decir, llevamos 14 meses en investigación".
"Como víctimas acompañamos una auditoría que tiene 17 tomos donde se especifica que los querellados Julio Figueroa y Álvaro Hinojosa malversaron o se apropiaron indebidamente de 800 millones de pesos de copago de los apoderados y 659 millones de pesos de subvención educacional con recursos públicos", agregó.
Las pruebas
Acorde a los antecedentes presentados, los querellantes tienen una serie de pruebas que los acusan, aparte de la auditoría.
Hay 11 apoderados que denuncian que 110 cheques fueron depositados en la cuenta de Julio Figueroa y recibieron como comprobante boletas sin timbre. También otros 189 cheques depositados en cuentas corrientes personales de los querellados.
"Con todos estos antecedentes que nosotros hemos acompañado nos parece que es una obligación del fiscal Nelson Vigueras formalizar la investigación porque eso permite que las víctimas puedan pedir medidas cautelares. Nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva de los querellados por la gravedad de los delitos y el monto defraudado", dijo el jurista.
Lorena González, representante legal de la corporación Instituto San Pedro, sumó la entrega de "un documento que después de que él -Julio Figueroa- dejó de ser el representante legal firmó ante notario y lo utilizó para entregarlo a la Seremi y a la Superintendencia y a los bancos y con eso él consiguió que las platas de la subvención educacional siguiesen depositándose en la cuenta de la sociedad comercial, entidad con fines de lucro que no era sostenedora".
