En días claves se encuentra la investigación en contra de un destacado dirigente camionero de la Región del Biobío, quien se encuentra acusado de delitos tributarios tras adjudicarse diversas licitaciones públicas en los últimos años.
En marzo de 2018, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló por delito tributario contra Germán Faúndez, dirigente del gremio camionero del Biobío y dueño de tres empresas de camiones aljibes que se adjudicaron licitaciones públicas para el reparto de agua en Biobío y Ñuble entre 2012 y 2015.
Según el escrito acogido a trámite, las empresas del querellado, Inversiones Chile S.A; Antártida de Chile S.A y Transportes y Logística Chile S.A., entre 2012 y 2017 emitieron 127 facturas falsas, lo que configura el delito tributario de fondos públicos por 1.214 millones de pesos.
A través de un comunicado, desde la Fiscalía del Biobío se informó que "actualmente la causa está vigente, la dirige la fiscal Marcela Barahona, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Concepción, quien dio orden de investigar a la Bridec de la PDI, citando a los intervinientes y desarrollado las diligencias pertinentes, cuyos resultados serán importantes para la toma de decisiones".
La versión de Faúndez
Germán Faúndez, bautizado por Ciper Chile como el "Barón del agua" en el Biobío tras un extenso reportaje en que se evidenció un presunto tráfico de influencias con políticos locales para adjudicarse licitaciones y mantener prácticamente un monopolio en la repartición del agua, fue citado a declarar, pero por motivos médicos no concurrió.
El abogado de Faúndez, Humberto Alarcón, dijo que "la defensa ha colaborado con todos los antecedentes que se han requerido, nosotros queremos que esto se esclarezca, estamos dispuestos a colaborar con la investigación".
Agregó que "se ha requerido tanto en el proceso de recopilación de antecedentes que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos como por la Fiscalía y se ha colaborado en la entrega de antecedentes solicitados por parte del Servicio".
El empresario mantiene contratos vigentes con el Estado a través de los gobiernos regionales de Biobío y Ñuble, aunque su defensa aclaró que ninguna de las empresas cuestionadas está en relaciones contractuales con el Fisco.
Cooperativa intentó conseguir una versión del Servicio de Impuestos Internos, lo que no fue posible.