Un grupo de sujetos llegó durante la noche del pasado viernes hasta un conjunto habitacional y se tomaron los departamentos, que ya habían sido adjudicados a sus nuevos dueños, en el sector de Boca Sur, en San Pedro de la Paz.
Se trata de 183 viviendas del programa Prais I y II que ahora están en manos de desconocidos y que, según los propios dueños, están siendo destruidas y desvalijadas. Las víctimas de la usurpación han denunciado el hecho y manifestado su preocupación por el robo.
Entre los dueños hay personas que han esperado más de 15 años por una solución habitacional.
"Los departamentos están en destrozo total: se robaron calefont, tinas, destruyeron las puertas, los rayaron. No queda mucho y el amor a la casa propia se pierde, porque eso fue habitado por gente que lo único que fue hacer fue destrozos, a drogarse, porque hay evidencia de eso, son puros delincuentes", relató una de las afectadas.
La entrega de estas viviendas, que estaban terminadas hace más de un año, fue prorrogada en cinco oportunidades.
En ese sentido, otro de los afectados acusó que advirtieron a la constructora de esta posibilidad, ya que "estábamos con temor de que nos iban a tomar los departamentos, pero la constructora nos dijo que estaban seguros, con guardias, pero de esa seguridad aquí se ven los resultados".
Ahora, los propietarios originales piden el desalojo inmediato de los inmuebles, luego de constatar mediante videos compartidos en redes sociales que estaban siendo desvalijados.
"Estamos viviendo una situación muy complicada, porque hay gente muy peligrosa (involucrada), y todavía no se procede al desalojo. Entonces, pedimos que los ministerios de Vivienda y del Interior procedan rápidamente", emplazó Rachel Urrutia, presidenta del comité Price N° 2, que agrupa a 64 familias afectadas.
Álvaro Rojas, jefe del proyecto por parte de Serviu, planteó que "tenemos registros, por videos que han surgido incluso de las mismas personas que están en situación de toma, en el cual se verifican daños producidos, algunos robos también de elementos propios de la obra y nosotros frente a eso el día sábado oficiamos a la Delegación Presidencial Regional solicitando la restitución administrativa del inmueble".
La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, señaló que "es nuestro deber poder restituir estos bienes a las personas que les corresponde", pero indicó qe "es una situación que se debe tratar de todo el cuidado debido, ya que estamos hablando de familias, que también tienen niños. Por lo tanto estamos trabajando en esto para que ocurra de la mejor manera la restitución y lo más rápido posible".
En total son 208 las familias que estaban próximas a recibir sus viviendas definitivas, pero que hoy se encuentran en la incertidumbre.
