Familia propietaria del fundo Los Ajos denuncia que la toma se prolonga desde el año 1993.
Mauricio Sepúlveda, dueño del terreno, denunció "ataques constantes", incluyendo ataques incendiarios, amenazas y disparos.
Una familia de la comuna rural de Tirúa, Región del Biobío, interpuso una demanda contra el Estado de Chile por 14.000 millones de pesos por la ocupación ilegal en su fundo Los Ajos, que se ha prolongado por casi ya tres décadas.
En la acción judicial, presentada por el abogado Remberto Valdés, los demandantes sostienen que la situación comenzó en el año 1993, período en el que, a causa de la demora en la entrega del predio y la continua pasividad por parte de tribunales, han tenido que soportar actos que atentan no sólo contra su legítimo derecho a su propiedad, sino contra su integridad física y psicológica, en la búsqueda de recuperar el terreno, equivalente a 450 hectáreas.
"Hemos interpuesto varias acciones judiciales, más de una docena, en que le pedimos al Estado de Chile, a través del Ministerio Público, de la PDI, de Carabineros de Chile, de la Conadi, de la Conaf, del Servicio de Impuestos Internos, que hagan su trabajo", remarcó el representante de la familia.
Entre otras cosas, sus acciones han demandado que "le cobren impuestos a las personas que roban la madera, que tomen presos a quienes se roban los animales, que tomen detenidos a quienes atentan en contra de la vida de nuestros representados, que detengan e impidan que se siga incendiando el predio, y que lo desalojen de personas que tienen sentencias en contra".
"Ninguna de esas cuestiones ha podido ser realizada hace décadas", acusó Valdés, calificando el monto requerido como "una cuenta básica de lo que podría haber producido este campo -que son casi 600 hectáreas-, además del daño moral de las víctimas".
"Se ha convertido en un tema generacional, nuestro problema abarca cuatro generaciones", dijo Mauricio Sepúlveda, propietario del fundo, a Cooperativa Regiones.
"Nuestros terrenos existen por más de 100 años y hemos sufrido ataques constantes desde esa fecha, con tomas de terrenos, ataques incendiarios, amenazas e incluso nos han disparado. En la Fiscalía Regional por lo menos deben haber 200 o 300 querellas por nuestro problema", indicó el demandante.
"Tenemos un sufrimiento enorme, no podemos trabajar nuestra tierra, porque tuvimos que desalojar nuestra casa", relató.
Los demandantes señalaron que de no obtener una resolución favorable en la justicia chilena, apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en San José, Costa Rica.
