Los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Biobío encabezan un paro nacional indefinido en que reclaman el pago del denominado "bono mazo" para los funcionarios desde Ñuble hasta Aysén, por lo que todas las oficinas del organismo están cerradas en todo el país.
La asignación que piden los trabajadores significa 330 millones de pesos para 650 funcionarios a lo largo del año y se paga en base al cumplimiento de metas y, según denuncian, el sistema de conteo informático y estadístico en Concepción se encuentra obsoleto, lo que influyó en informes mal elaborados.
Marta Latorre, dirigenta nacional de la CAJ, explicó que "el sistema informático estadístico es muy artesanal y muy precario, trabaja poca gente y no hay ningún ingeniero informático o ingeniero estadístico en esta dependencia que pueda hacer bien el trabajo del reporte estadístico".
La representante de los funcionarios añadió que "hay distintos números, distintos sistemas que recogen la información y finalmente el número está inconsistente y errado. Ése es el punto que nos hace perder la meta, o sea, el reporte estadístico no fue entregado como corresponde, con datos consistentes".
Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la presidenta regional del Biobío, Lorena Lobos, apuntó que "no queremos pensar que esto haya sido a propósito y revisaremos a cabalidad qué hizo el Ministerio para corregir la meta que fue mal informada, porque no es que no se haya cumplido".
La dirigenta agregó que "los trabajadores cumplieron lo que debían hacer para lograr esa meta, pero lo que se informó no fue lo correcto y el servicio no hizo nada para reparar ese error, en este caso, el Ministerio de Justicia, y los CAJ no tienen influencia directa en esa meta, pero sí están siendo afectados directamente".
En la Seremi de Justicia del Biobío aún no se han referido ante este emplazamiento de los trabajadores.
