En el Tribunal de Garantía de Talca se desarrolló la formalización del suboficial de Carabineros e instructor de tiro Carlos Arriagada, acusado de los delitos de lesiones graves por las heridas con balines sufridas por Daniela Pérez y Florencia Ibáñez el 28 de octubre del 2019, durante el estallido social.
Ambas mujeres sufrieron impactos de municiones antidisturbios en extremidades y cuerpo, con fractura expuesta en su mano derecha en el caso de Daniela Pérez.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Ángel Ávila, solicitó medidas cautelares de alejamiento de las víctimas, arraigo nacional y firma quincenal.
Los abogados querellantes, Fernando Leal e Iván Vidal, del Colectivo 16 de octubre, además de Ángela Hernández del INDH, adhirieron a las cautelares y agregaron la prohibición de uso y porte de armas de fuego, por ser el imputado instructor de tiro y escopetas antidisturbios, además de sumar apremios ilegítimos.
La formalización sufrió un receso y luego de los fundamentos de la abogada de Carabineros, María Esperanza Cruz, que representó al uniformado, el magistrado, Ricardo Riquelme, decretó las cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional, con un plazo de seis meses de investigación.
"Lo cierto es que se puede establecer la justificación del hecho y la participación fundada del imputado en el mismo en calidad de autor", afirmó el juez.
Desde la parte querellante, lamentaron que al suboficial no se le haya prohibido también el uso y porte de armas de fuego en servicio, en razón de que éste sería un peligro para la sociedad.
"No compartimos la decisión del magistrado, toda vez que es riesgoso que un agente del Estado que está imputado de dos hechos donde terminó hiriendo a dos jóvenes en Talca pueda seguir portando armas, toda vez que él sigue trabajando en Carabineros", dijo el abogado Leal.
"Analizaremos como parte querellante la posibilidad de apelar respecto de ese punto", agregó el jurista.
