El 70% de ellas se concentra en el norte de Chile, con 8.500 tomas en Atacama y 5.000 en Antofagasta.
Según un catastro del Ministerio de Bienes Nacionales el norte de Chile concentra el 70% de la ocupación ilegal de territorios fiscales y la Región de Antofagasta cuenta con 5.000 tomas de terreno, superada por la Región de Atacama que registra 8.500 ocupaciones.
Del estudio se desprende que son 20.000 tomas a nivel nacional y que Antofagasta concentra cuatro macro campamentos, en donde residen al menos 7.800 familias de las cuales el 75% son migrantes.
Desde el Gobierno Regional de Antofagasta se ha intentado impulsar proyectos para regular la crisis habitacional que se vive en la región y recuperar los territorios fiscales donde se encuentran estas tomas, de las que también, se desprende la problemática de la venta ilegal de loteos y las denominadas "tomas VIP".
Sobre los trabajos que se realizan entre las autoridades y los habitantes de estas tomas, la vocera del macro campamento "Los Arenales", Elizabeth Andrade, comenta que "se están haciendo estudios para poder urbanizar y ver la forma de cómo van quedar esos vecinas y vecinos en esos espacios".
"Se está trabajando medianamente con el Minvu, con el Seremi de Vivienda y el gobierno regional; el gobernador distribuyó dinero para habilitar lo que es luz y agua en los macro campamentos", detalló la vocera. Lo que se busca es acogerse a la Ley 20.234 sobre la erradicación de las tomas con urbanización del territorio.
Sobre la presencia de "tomas VIP" y la venta ilegal de loteos, el Gobierno a través de su delegación en la región, entregó el mensaje de que no se van a permitir tomas incipientes y por esto han desarrollado dos desalojos, principalmente, en los sectores altos de la comuna.
"Muchas de estas situaciones se relacionan con mafias que se aprovechan de la necesidad habitacional para estafar a personas con falsas ventas de terrenos que pertenecen a todas y todos y que deben ser utilizados para los diversos fines públicos y sociales", se refirió la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, tras el desalojo de una toma en noviembre pasado.
