Parlamentarios apuntan a la migración descontrolada por la presión en los colegios.
"Todos los niños tienen derecho a educación, independientemente de su nacionalidad. Por lo tanto, lo que le corresponde al Estado es resolver el problema para todos", replicó Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio.
Debate ha generado la presentación de un proyecto de ley que busca priorizar a los escolares chilenos por sobre los inmigrantes ante la alta demanda de matrícula en los colegios de la zona norte de Chile.
De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, Tarapacá y Antofagasta encabezan la lista de regiones con mayor porcentaje de matrícula de estudiantes extranjeros, con un 10% y 8% respectivamente.
Advirtiendo el aumento de demanda por la crisis migratoria, los senadores UDI Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, José Durana, David Sandoval y Gustavo Sanhueza presentaron una iniciativa que establece que "si hay servicios (jardines infantiles, consultas médicas) que se encuentren colapsados por exceso de demanda, habiendo solicitantes chilenos, no podrá preferirse a los extranjeros", según consignó El Mercurio.
Tras conocerse el ingreso de la propuesta, desde el Centro de Justicia Educacional (CJE) de la Universidad Católica recordaron a los parlamentarios que la Ley de Inclusión Escolar aprobada en 2015 prohibe la discriminación arbitraria en los procesos de admisión.
"Hoy en día, la asignación de vacantes se realiza bajo el sistema de admisión escolar, que es un procedimiento transparente, objetivo y justo, que impide justamente que se produzcan prácticas de discriminación en la admisión a las escuelas", dijo Macarena Hernández, investigadora del CJE.
La experta señaló que "tanto las leyes vigentes en Chile como los tratados internacionales suscritos establecen que es deber del Estado asegurar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, independiente de si son migrantes y de la regularización de su situación migratoria".
Para esto, explicó, "es muy relevante realizar un buen diagnóstico de la demanda de matrícula actual y proyectada versus las vacantes disponibles, de manera de -en base a estos datos- proveer los recursos necesarios allí donde se necesiten para garantizar el derecho a la educación a todos y todas".
"Todos los niños tienen derecho a educación, independientemente de su nacionalidad. Por lo tanto, lo que le corresponde al Estado es resolver el problema para todos", enfatizó Patricio Ferreira (DC), alcalde de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.
El jefe comunal explicó que en su localidad "la mayor cantidad de presión, de necesidad y de falta de matrículas es en los cursos más bajos, 1°y 2° Básico, y I y II Medio".
En este contexto, el alcalde opta por crear más vacantes en cursos y colegios: "Hemos avanzando y propusimos que arrendemos un colegio que está disponible. Eso es para el corto plazo y debería estar disponible para marzo con 595 matrículas. Con estas soluciones vamos a tener matrículas para todos los chilenos y para los migrantes".
Desde la Cámara Baja, el diputado por Tarapacá Renzo Trisotti, de la UDI, respaldó la iniciativa presentada por los senadores de su partido y subrayó que "la migración clandestina tiene una serie de efectos en materia de salud, vivienda, seguridad y educación".
"El Gobierno tiene que empezar a tomar decisiones de cuál va a ser el tratamiento frente a personas que han ingresado de manera clandestina. Llevamos meses donde el Gobierno ha mirado el techo", aseveró el gremialista.
"No solamente se ha despotenciado el control en la frontera, sino que tampoco tenemos señales claras de cuál va a ser la situación en la que van a quedar todas estas personas que ingresan de manera clandestina. No tenemos idea de quiénes son, pero ocupan un lugar en las salas de clases", complementó.
Desde el oficialismo, en tanto, la diputada socialista por Tarapacá Danisa Astudillo apuntó que existe "un problema de déficit de infraestructura escolar en Tarapacá que en buena medida se explica por el aumento de la población migrante, pero también por años de desinversión y de abandono en educación. De hecho, durante el Gobierno de Piñera no se inauguró ningún solo nuevo colegio en mi región".
"El camino, entonces, no es discriminar a cuál niño y a cuál no dejar sin escolarización. Eso no solo es una brutal violación a los derechos de las niñas y los niños, sino que también una pésima lógica de desarrollo social: niños precarizados y vulnerados hoy son los adultos que nutrirán las bandas criminales mañana", advirtió la parlamentaria.
