El jefe de la Segpres reiteró la necesidad de "proteger las rutas" en la Macrozona Sur, donde regirá la medida una vez que la Contraloría tome razón del decreto.
Afirmó que "ningún partido en particular" influyó en la decisión del Gobierno.
El Gobierno salió al paso de cuestionamientos y aclaró que no busca extender en el tiempo el estado de excepción constitucional de emergencia anunciado para la Macrozona Sur, dado el clima de violencia e inseguridad que se vive allí.
Desde La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, sostivo que "es un tema complejo, sin dudas, no es de fácil explicación, pero diría que todo redunda en cuál es la agenda de mediano y largo plazo, y de forma efectivamente excepcional, y no como algo que queramos extender en el tiempo, es que necesitamos proteger las rutas".
Asimismo, aseguró que la decisión del Ejecutivo de decretar esta medida, pese a que inicialmente buscaba impulsar un "estado intermedio" -idea a la que debió renunciar por falta de apoyo en el oficialismo-, no estuvo influenciada por algún partido político.
"No fue la representación de ningún partido en particular lo que hizo que el Gobierno haya tomado esta definición", apuntó, recordando que "partidos de oposición y de oficialismo tuvieron ciertas aprensiones y dudas que impidieron generar un consenso" para viabilizar el eventual proyecto en el Congreso.
El Gobierno aboga por que el estado de emergencia sea lo más acotado posible y conversará con las Fuerzas Armadas para garantizar que exista un respeto irrestricto a los derechos humanos.
En lo inmediato, el decreto (revísalo acá) para las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y las de Malleco y Cautín, las dos que conforman La Araucanía, fue ingresado a Contraloría General de la República para su toma de razón.
En el documento, La Moneda argumenta que "en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, especialmente, en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío", que "en reiteradas oportunidades se ha puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de vías que conectan diferentes zonas de nuestro territorio", y que "también hemos visto cortes extendidos de las carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito, alteran el orden público y obstaculizan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas".
Natalia Piergentili, presidenta del PPD, se refirió al anuncio y comentó que "teníamos otra preferencia de curso de acción, que tenía que ver con el proyecto de ley de estado intermedio, pero finalmente nuestra posición tiene que ver con respaldar la decisión del Presidente".
"Creo que enfrentado a la problemática y debiéndose uno a los ciudadanos, se tiene que a veces dejar los maximalismos de lado. Por lo tanto, yo creo que esta es una lección política respecto a que el Presidente tiene la confianza al menos de nuestro sector, para tomar ciertas decisiones y nosotros para respaldarlo", agregó.
En tanto desde la oposición, el diputado de RN Jorge Rathgeb, comentó que "es insuficiente, porque no basta resguardar las rutas y caminos. Hay muchas otras actividades que se desarrolla en la Región de Araucanía y que hoy día corren riesgo. La situación se ha ido agudizando".
El diputado de Evópoli Francisco Undurraga, dijo por su parte que "Nosotros apoyamos el anuncio que hizo ayer la ministro del Interior, pero queremos que ese anuncio se implemente lo más rápido posible y con la mayor claridad posible, el estado de excepción le permite a la Fuerza Armada estar en todas las en todos los puntos geográficos que así se se han determinado. No en algunos sectores o en alguna esquina o detrás de algún árbol":
Ejercerán como jefes de la Defensa Nacional el contraalmirante de la Armada Jorge Parga, para las dos provincias en el Biobío, y el general de Brigada del Ejército Edward Slater, para La Araucanía, los mismos que terminaron liderando el estado de emergencia que ya rigió entre octubre y marzo.
Respecto a las funciones y atribuciones, el decreto los mandata a "asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en las zonas declaradas en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado".
También tendrán la facultad de "autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno; controlar la entrada y salida de las zonas declaradas en estado de emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros", entre otras.
Las instrucciones que impartan deberán estar "siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza, especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad", especifica el documento.
Una vez que la Contraloría tome razón del decreto y éste sea publicado en el Diario Oficial, el estado de emergencia regirá por 15 días: será prorrogable por otro período vía decreto, tras el cual se requerirá acuerdo con el Congreso para nuevas extensiones.
Durante esta jornada se dio a conocer una entrevista a la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, a la Revista Ya, en la que aseguraba que el "estado de excepción no es la solución" a la situación en la Macrozona Sur.
Vega sostuvo que "la entrevista de la Revista Ya fue hecha hace varias semanas, en ese momento como gobierno estábamos considerando fundamentalmente un estado intermedio y aquí lo importante es que el anuncio de ayer del estado de excepción va en la misma línea de lo dicho en la Revista Ya, es decir un estado de excepción acotado fundamentalmente a las rutas y por lo tanto no hay mayores diferencias".
