El Congreso aprobó este miércoles una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde mediados de octubre en la Macrozona Sur, en específico, en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las dos que componen La Araucanía -Malleco y Cautín-.
Pasadas las 13:30 horas la Cámara de Diputadas y Diputados visó la solicitud del Gobierno, con 80 votos a favor, 53 en contra -entre ellos el candidato presidencial Gabriel Boric- y 6 abstenciones. Y esta tarde fue el turno del Senado, que dio el visto bueno con 16 votos a favor, entre ellos la senadora Carolina Goic (DC), la única de la oposición, 14 en contra y una abstención, de la también DC Ximena Rincón, timonel de la Cámara Alta.
Este nuevo período de 15 días, que tendrá vigencia desde el sábado hasta el próximo 11 de diciembre, será el segundo que regirá con acuerdo del Ejecutivo y el Legislativo, y el cuarto consecutivo desde el 13 de octubre, considerando los dos primeros que constitucionalmente La Moneda podía establecer vía decreto.
En el Congreso, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió los efectos de la medida en los hechos de violencia y aseguró que durante la vigencia del estado de excepción ha habido 93 detenciones sólo en controles rutinarios y 81% menos de tomas de tierras.
"Estamos satisfechos como Gobierno, no ha sido una jornada fácil porque hay distintas posturas, pero en los medular nos quedamos con el rechazo a la violencia, casi transversal. Y hoy este estado de excepción viene a ratificar el apoyo de quienes quieren apoyar a las víctimas, y los rechazos serán interpretados seguramente por esas víctimas como falta de apoyo", sostuvo.
"NO ES EL MECANISMO"
En eñ debate en la Cámara Alta, el senador Felipe Kast (Evópoli) cuestionó que "cuando se dice que falta información fundada para esta prolongación, me sorprende profundamente", y apuntó a "los múltiples datos que ha dado el Ejecutivo, como la disminución del 40% de hechos de violencia, 11% en atentados".
"Los grupos subversivos no se extinguen, terminan cuando quedan completamente aislados y nadie cree en ellos. Y eso no se logra por las armas, sino con un trabajo mucho más complejo y difícil. Sí estamos por combatir delitos, pero este no es el mecanismo para hacerlo", argumentó el socialista José Miguel Insulza, quien votó en contra.