Las víctimas pedían que se instalara una política de protección hacia ellos, específicamente en los lugares de donde viven en la macrozona sur.
"Estamos viendo, por lo menos, una reacción cuerda por parte del Poder Judicial", señaló el vocero de los afectados, Fernando Fuentealba.
Las víctimas de violencia rural en la Macrozona Sur valoraron el fallo de la Corte Suprema que acogió seis recursos de protección y obliga al Gobierno adoptar "a la brevedad" la implementación de un plan que entregue protección a los afectados por la violencia rural.
El abogado de las víctimas de violencia y actual constituyente, Andrés Cruz, indicó que "estos seres humanos están obligados o están siendo obligados por la fuerza a trasladarse a otros lugares simplemente porque no se identifican con una etnia específica".
"Eso inclusive constituye o puede constituir un delito de lesa humanidad, y la indiferencia que se ha demostrado por parte de la autoridad central ha parecido deleznable -lamentó- Creo que este es el momento en el que se abre una puerta enorme para todas las víctimas".
"Vamos a tener que determinar cómo se materializan, tomando en consideración que las sentencias de la excelentísima Corte Suprema determinan que van a tener que coordinarse a través de todos los ministerios para lograr adoptar medidas de protección efectivas en favor de todas estas personas que fueron las que recurrieron de protección", cerró el jurista.
Las víctimas pedían que se instalara una política de protección hacia ellos, específicamente en los lugares de donde viven, regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en la macrozona sur.
Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en Chile, destacó que "lo que nos lleva a ver esto con optimismo es que estamos viendo, por lo menos, una reacción cuerda por parte de los diferentes, en este caso el Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, porque aquí es el Estado el que está fallando; no es un Gobierno determinado, es el Estado en conjunto".
"Entonces nos parece positivo la resolución de la Corte Suprema, y esperamos ahora con el mismo prisma a los señores parlamentarios, que efectivamente accionen en estas líneas que se han presentado para dar mayor herramienta y acabar con este flagelo", cerró el representante.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó que "si a lo mejor hubiesen tenido en vista este estado de excepción, el destino de ese recurso hubiese sido distinto", sin embargo, valoró que el máximo tribunal "quiera proteger justamente a la ciudadanía".
Aun así, el secretario de Estado criticó esta decisión y pidió coherencia, ya que, según argumentó, "la misma Corte no deje libre a un narcotraficante como Jorge Huenchullán; o que la misma Corte tampoco cambie cuando una persona ha cometido un secuestro solamente al alejamiento de esa personas con respecto a su víctima. Creemos que también, si vamos a ser coherentes, seamos coherentes justamente para poder generar una estrategia integral mancomunada, porque nos sacamos nada muchas veces con tener 40 detenidos -hasta hoy-, personas que tienen una causa pendiente con la justicia, si finalmente los mismos tribunales lo van a dejar libre".
Ahora el Gobierno tiene que definir y proponer cómo operativizará la protección especial para estas 72 personas que recurrieron a la justicia.
