La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijó para abril próximo las audiencias públicas antes del largamente postergado juicio entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, en el Palacio de la Paz de La Haya.
Las vistas, a realizarse entre el viernes 1 y el jueves 14 de abril, "se dedicarán a (evaluar) los méritos del caso, incluidas las contrademandas ingresadas por Bolivia" en agosto del 2018, cuando Evo Morales seguía en el Ejecutivo.
Debido a la situación de pandemia, "las audiencias se realizarán en un formato híbrido: algunos miembros de la Corte asistirán a las vistas orales en persona en el Gran Salón de la Justicia, mientras que otros participarán de forma remota", explica la CIJ.
A su vez, los representantes de ambas partes del caso, así como los expertos convocados por Chile y Bolivia, podrán participar presencial o telemáticamente.
La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, destacó que "el equipo jurídico ha trabajado con seriedad, rigurosidad y profesionalismo. Durante estos alegatos defenderemos nuestros argumentos con la tranquilidad de que contamos con evidencia científica sólida que respalda nuestra posición de que el río Silala es un río internacional que cruza la frontera hacia nuestro país en forma natural y que el derecho internacional dispone que ambos ribereños tienen derecho a un uso equitativo y razonable de sus aguas".
La canciller entrante, Antonia Urrejola, confirmó que la agente de Chile en este caso, Ximena Fuentes, continuará desempeñándose en ese rol, a pesar de que será subsecretaria de Relaciones Exteriores a partir del 11 de marzo.
El sitio web de la CIJ y el canal virtual de las Naciones Unidas (UN Web TV) transmitirán en vivo las audiencias.
CRONOLOGÍA DEL CASO
El juicio se aplazó en abril del 2020 -sin fecha estimada- debido a la expansión del Covid-19, y en ese entonces, fuentes diplomáticas consultadas por EFE estimaron que las vistas orales se atrasarían hasta el segundo semestre de ese año.
Chile decidió llevar el asunto del Silala al tribunal de La Haya en 2016, denunciando a Bolivia para impedir que el país vecino detuviera el flujo de este cauce de agua hacia su frontera, y solicitando a la CIJ declarar que el reparto del recurso natural debe hacerse "de forma equitativa y razonable".
Las contrademandas ingresadas por La Paz en 2018 plantean que las aguas del Silala fueron canalizadas hacia la frontera debido a unas obras hechas por una empresa chilena de ferrocarriles en la década de 1920, versión que Chile rechaza.
Según La Moneda, las aguas fluyen hacia el territorio de forma natural por la pendiente del terreno, y las citadas obras se hicieron con permiso del gobierno boliviano para evitar la contaminación del Silala.
La disputa dio un vuelco en febrero de 2020, pues la Cancillería del gobierno interino de Jeanine Áñez aseguró que durante la fase escrita del proceso, el Ejecutivo de Morales indicó que "una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile y constituyen un curso de agua internacional", declaración aplaudida por la ahora saliente Administración de Sebastián Piñera.
