Manuel Guerra aseguró que el procedimiento "no es un problema de Estado a Estado".
Dijo a Cooperativa que los soldados "no han colaborado" en el esclarecimiento de los hechos.
El fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, aseguró en El Diario de Cooperativa que la detención de los tres militares bolivianos por cruzar la frontera no corresponde a un hecho político, sino que es "eminentemente" un problema jurídico.
Con esto salió al paso de las declaraciones del vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, quien dijo que "pedimos que no se utilice a los jóvenes conscriptos bolivianos como rehenes políticos" y que "un tribunal local no puede juzgar" a los soldados.
Indicó que "no hay ningún tipo de ribete distinto, para nosotros no se trata de un hecho político".
"Efectivamente, esto se trata de un problema eminentemente jurídico y que por eso está en conocimiento de la instancia judicial correspondiente", agregó.
Indicó además que "creemos que no es un problema de Estado a Estado. Creo que si así hubiese sido estimado por el poder judicial, de esa forma se hubiese resuelto y se hubiese desestimado la petición que nosotros hicimos. En definitiva, se estimó que era conducente la aplicación de la prisión preventiva, es porque para las instancias procesales correspondientes en Chile esto es un problema jurídico y no un problema político".
Agregó incluso que "en ningún caso, el Gobierno chileno ha intentando influir en las decisiones que nosotros tomamos".
Soldados no han colaborado
Respecto a los militares detenidos, el fiscal de Tarapacá comentó que "hasta ahora, ellos no han colaborado, a nuestro juicio, en el esclarecimiento de estos hechos. Ha sido más bien una actitud pasiva. Hasta ahora no hemos tenido declaraciones por parte de ellos".
Respecto a la justificación del Gobierno de Bolivia, de que los militares no tenían los límites claros, respondió que "lo que hemos podido acreditar es que ellos no podían sino saber que estaban en territorio nacional. Las circunstancias que se traten de soldados que se encarguen de custodiar, entre otras funciones, los límites fronterizos en aquel lugar, hace poco creíble el hecho que no conociesen el lugar".
"A nuestro juicio, el hecho que ocurrió acá reviste el carácter de un hecho constitutivo de delito. Es por lo mismo que hemos formalizado la investigación por el delito de porte de ilegal de arma de guerra y, en función de eso, solicitamos en su momento la medida cautelar de prisión preventiva, que nos parecía como la más proporcional y adecuada", concluyó.
