Junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, el Gobierno firmó una nota expresando inquietudes con el actual funcionamiento del organismo.
Piden a estas entidades asumir no "invadir esferas de competencia de cada uno" de los países.
La Cancillería y el Ministerio de Justicia informaron que junto a otros cuatro países de Sudamérica presentó ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento del Sistema Interamericano de DDHH.
De acuerdo a un comunicado, los representantes permanentes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay (todos países que actualmente tienen gobiernos de derecha) ante la entidad expresaron "las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos", ante lo cual proponen "tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI".
"La declaración subraya la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano. Dicho principio exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno", sostiene el comunicado de Cancillería.
En la nota enviada a Abrao el pasado 11 de abril, los cinco países consideran que "los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos", margen de apreciación que "debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano".
Asimismo, hicieron hincapié "en la necesidad de que tanto la Comisión como la Corte apliquen de forma estricta las fuentes de derecho internacional en la resolución de los casos sujetos a su conocimiento. En este caso, dichas fuentes se identifican, principalmente, con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
El texto enfatiza que "los Estados consideran que la declaración presentada a la Comisión Interamericana representa un aporte con propuestas concretas destinado a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de protección regional de derechos humanos".
"Los Estados que suscriben la declaración conciben a la misma como el punto de partida de un diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema, convencidos de que éste puede producir valiosos frutos en beneficio de la promoción y protección de los derechos humanos en toda nuestra región", concluye el texto.
Subsecretaria: "No son casos particulares, tenemos que resguardar"
En tanto, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, se refirió a la decisión y manifestó que es necesario poner límites pero aseguró que no están hablando de ningún caso en específico.
Valdivia manifestó que "no son casos particulares, tenemos que resguardar. Por ejemplo, en el caso de la Corte no es un tribunal de cuarta instancia, entonces establecer eso".
"Establecer hasta dónde llegan los márgenes del derecho nacional incluidos los tratados de derechos humanos, conforme lo establece el artículo 5° y hasta dónde empiezan y deben concluir también los límites o las competencias que tiene la propia corte o la comisión interamericana", agregó.
Cuestionamientos de la oposición
La declaración fue fuertemente rechazada por algunos parlamentarios de oposición, por ejemplo, por la diputada Carmen Hertz (PC) integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, quien lo consideró un vuelco escandaloso en la política exterior chilena.
"Desde que comenzó la democracia, hemos siempre reforzado por una parte los espacios multilaterales y los organismos fiscalizadores, tanto en el sistema universal como en el latinoamericano en el plano de los derechos humanos", dijo la parlamentaria.
"Por lo tanto, que este gobierno se una a los gobiernos de ultraderecha para limitar el ejercicio de los organismos fiscalizadores en materia de violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos es escandaloso", añadió.
El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) planteó que "es un tercer ejemplo del llamado multilateralismo a la carta del gobierno del Presidente Piñera en política exterior, elige aquellas cosas que le gustan como el comercio y el TPP y rechaza aquellas cosas que dicen relación con el medioambiente, los derechos humanos de los migrantes y los derechos humanos en la región de América Latina".
El profesor de derecho internacional y académico de la Universidad Católica de Temuco, Alejandro Fernández, sostuvo que "además de ir contra el multilateralismo y la cooperación internacional, son pasos hacia atrás en la protección de los derechos humanos. De alguna manera es como establecer una presunción en favor de los Estados, lo que en contrapartida es una presunción en contra de las personas".
"Es el gato diciéndole al carnicero como tiene que cerrar la puerta al terminar su turno, o sea, el Estado de Chile está diciendo 'señores de la Corte, déjenme a mí interpretar qué es un delito terrorista, déjenme a mí decir qué testigos puedo usar en estos juicios'", precisó.
