A través de un comunicado, la Embajada de Pekín afirmó que la oficina en cuestión ofrece a los ciudadanos chinos en el extranjero la posibilidad de realizar una serie de trámites burocráticos, como la renovación del carnet de conducir.
Desmintió así un informe publicado por la ONG española Safeguard Defenders.
La Embajada de Pekín en Chile negó este lunes la existencia de una comisaría ilegal china en la ciudad de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso, información que en los últimos días ha sido difundida por algunos medios de comunicación con base en un informe publicado por la ONG española Safeguard Defenders.
Según consignó La Tercera, la misión diplomática señaló, a través de un comunicado, que la oficina en cuestión "no es más que un centro de servicio para los ciudadanos chinos en el ultramar" que, debido a la pandemia del Covid-19 y a la distancia, "no pueden regresar a China a tiempo para realizar los trámites como la renovación de su licencia de conducir".
"El establecimiento de dicho centro solo es una medida provisonal durante la pandemia. Como la situación pandémica mundial se vuelve estable y se alivian las medidas de control, y con la renovación de la plataforma de trámites en línea, las autoridades de Fuzhou han pedido a sus ciudadanos volver a China a realizar estos trámites, y los que tienen dificultad en viajar, pueden acceder directamente a la plataforma virtual", indicó la misión.
En esa línea, la embajada aseguró que dicho centro de servicio en Viña del Mar dejó de funcionar en junio, precisando que, en sus tres meses de existencia, solo fue asistido un ciudadano chino para renovar su licencia de conducir.
Según la ONG española Safeguard Defenders, hay por lo menos una cincuentena de comisarías ilegales de China por todo el mundo, incluida una instalada en Viña del Mar.
De acuerdo al reporte, si bien el objetivo de dichas oficinas es supuestamente ofrecer a los ciudadanos chinos en el extranjero la posibilidad de realizar una serie de trámites burocráticos, como la renovación del carnet de conducir, éstas no cuentan con un estatus oficial y las autoridades locales no tienen conocimiento de su existencia.
Así, la ONG denunció que estas sucursales se usan para presionar y amenazar a disidentes chinos en el extranjero e incluso en algunos casos habrían estado implicadas en repatriaciones ilegales.
