Diez parlamentarios presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca sancionar la importación de bienes y servicios provenientes de "asentamientos ilegales", apuntando a las recomendaciones emitidas por Human Rights Watch (HRW) respecto a la "ocupación abusiva" que, según informó el organismo internacional, impone el Estado de Israel sobre la población palestina.
"Por nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos es que acogemos el llamado de los organismos internacionales y queremos establecer que en nuestro país no se permita la comercialización de productos que se fabrican en territorios ocupados militarmente y de forma ilegal de acuerdo al derecho internacional", declaró el diputado del Frente Amplio Jorge Brito (RD).
"Hay más 80 asentamientos israelíes en Palestina que extraen recursos naturales o fabrican productos en el mismo lugar en el cual soldados apuntan, detienen a niños y adolescentes. Creemos que esta medida avanza en el camino de la paz y esperamos que pueda ser ley", agregó en parlamentario.
La iniciativa contó con el apoyo de políticos de muy distinto signo, pasando por fuerzas de oposición hasta el oficialismo.
El diputado de la UDI -partido de la coalición de Gobierno- y principal patrocinador del proyecto de ley, Sergio Gahona, afirmó que "es evidente que como Chile no podemos detener una guerra, pero podemos dar señales claras de que lo que está ocurriendo en territorio palestino son aborrecibles crímenes de lesa humanidad".
Según un informe de HRW publicado el pasado 27 de abril, las autoridades israelíes comenten crímenes de lesa humanidad impulsando políticas de apartheid y persecución, en su intento por dominar el territorio de manera total.
Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas anunció el pasado jueves 27 de mayo la apertura de una investigación sobre "posibles crímenes de guerra" cometidos presuntamente por el ejército israelí en contra de la Franja de Gaza durante la escalada bélica que azotó la zona durante 11 días a fines de mayo pasado.
De igual forma, el organismo internacional afirmó respecto de Hamas, la organización militar islamista que lanzó cohetes contra ciudades israelíes, que "sus proyectiles no distinguen entre objetivos civiles y militares, por lo que su empleo atenta también contra el derecho humanitario".