La exembajadora chilena ante el Reino Unido Susana Herrera Quezada, que salió del cargo hace tres meses tras la polémica desatada por un proyecto maderero que gestionó para la Región del Biobío, presentó una demanda contra el fisco para exigir una indemnización de 190 millones de pesos.
La acción legal fue interpuesta ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y tiene una extensión de 110 páginas. En ellas, con patrocinio de dos abogados, Herrera hace un extenso relato de su relación con Cancillería tanto antes como después del escándalo.
Incluye copias de documentos, minutas, pantallazos de WhatsApp y de correos electrónicos como medios de prueba para acreditar su "vulneración de derechos fundamentales" tanto "durante la relación laboral", que se inició el 1 de julio de 2022, como "con motivo del término" de la misma, que se materializó el 12 de septiembre de 2023 con una "renuncia forzada" (ver archivo adjunto).
En el libelo, Herrera sostiene haber mantenido "una relación profesional altamente colaborativa y de contacto permanente, con comunicación fluida, directrices y objetivos claros y socializados", con la exministra Antonia Urrejola, pero el "comienzo de los problemas" se dio desde marzo de este año, cuando asumieron Alberto van Klaveren como ministro y Gloria de la Fuente como subsecretaria.
A partir de entonces, la exfuncionaria se sintió "perpleja, afectada emocionalmente, marginada y desatendida"; situación que empeoró cuando, el domingo 20 de agosto, un reportaje de La Tercera dio cuenta del "Proyecto de cinco millones de dólares que Cancillería frenó a la embajadora de Chile en Reino Unido", en el que -afirma- "se tergiversa maliciosamente una gestión oficial" respecto a una iniciativa "incipiente", pero que incluso había despertado el "interés del rey Carlos III".
"EL MINISTERIO SIEMPRE ESTUVO INFORMADO"
La demanda niega que la exembajadora haya estado trabajando en el proyecto Living Lab -que contemplaba la construcción de un mercado de maderas en Santa Juana- a espaldas del Ministerio, como se acusó o se dio a entender públicamente.
"En todo momento se apoyó de equipo diplomático de la Embajada para realizar las gestiones (...), solicitó expresamente orientaciones para proceder correctamente en la materia, no recibiendo ninguna indicación especial por parte de los diplomáticos de la Embajada, todos funcionarios de carrera y con alta experiencia en estas gestiones. De igual manera, (...) el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir (...) o ajustarse a algún protocolo en específico", señala el escrito.
En este escenario, Herrera siguió adelante "con las gestiones de buena fe, de forma transparente y siempre en contacto y bajo la guía de su equipo diplomático y de las autoridades ministeriales, a quienes informaba cada cierto tiempo sobre los avances".
Una vez que estalló el escándalo debido a la publicación periodística, solicitó reunirse de forma urgente con Van Klaveren, pero no recibió respuesta: "La dejaron en una situación de total indefensión y expuesta a un desmedido cuestionamiento público, con un irremediable daño a su imagen, provocado por la falta de acción y no reconocimiento de la Institución (Cancillería) sobre su total conocimiento de los hechos", se argumenta.
Dio la impresión pública, entonces, de que "habría actuado sola, sin autorización del Ministerio, excediendo el ámbito de sus competencias y con un 'exceso de entusiasmo'", incurriendo incluso en "tráfico de influencias".
Todo esto la expuso a una "condena anticipada", a "declaraciones discriminatorias, ofensivas", con una "pérdida de su capital, prestigio, reputación y honra en el sector privado y académico (que) ha sido devastadora", alegan los abogados demandantes.
"La profunda ridiculización a la que fui sometida debido a mi relación con el Rey, (...) que el Ministerio de Relaciones Exteriores conocía por mensajes oficiales, algunos de carácter confidencial, fue sumamente dolorosa. (...) Las autoridades de más alto rango estaban muy al tanto, y en vez de valorar esta tremenda oportunidad y gestión histórica, guardaron silencio y me descalificaron", reclama la exrepresentante diplomática en primera persona.
EXIGE NO MENOS DE 100 MILLONES
Presentados todos estos antecedentes, Susana Herrera exige que se le ordene a Cancillería la realización de "cursos de buenas prácticas laborales, a fin de evitar nuevos episodios de vulneración de derechos fundamentales para con sus funcionarios y trabajadores"; que "alguna autoridad de rango directivo del Ministerio (...) ofrezca disculpas públicas" y que "se comuniquen formalmente por el Ministerio estas disculpas a la monarquía británica, a modo de mitigar un poco el daño causado".
En el aspecto pecuniario, la exembajadora exige una "indemnización ascendente a las 11 últimas remuneraciones", correspondientes a 216 mil 876 dólares estadounidenses, que equivalen a 190 millones de pesos.
Explica que, en virtud del cargo, recibía mensualmente "la suma de 19.716 dólares de Estados Unidos de América, (...) correspondientes al grado 3 de la planta servicio exterior", que equivalen a 17 millones chilenos.
Herrera se muestra abierta a recibir una indemnización menor, que el tribunal "determine pertinente, pero no inferior al rango legal de 6 últimas remuneraciones, a saber, en este caso 118.296 dólares de Estados Unidos de América"; es decir, 103 millones de pesos.
