El Gobierno anunció este jueves que designó a la abogada de la Universidad Diego Portales Lidia Casas Becerra como candidata para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el período 2024-2027.
Su candidatura, que fue definida en última instancia por el Presidente Gabriel Boric y la canciller Antonia Urrejola, se hizo teniendo presente que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "exigen de las y los comisionados una 'alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos'", señaló Relaciones Exteriores en un comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que la decisión es fruto de un "proceso inédito" que recogió "experiencias comparadas y algunas recomendaciones de organizaciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos en el continente".
En el análisis de los perfiles candidatos, que tuvieron en cuenta el equilibrio de género y la representación regional, participaron "en calidad de observadores" el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.
Casas es doctora en derecho de la Universidad de Ottawa, Canadá, con una trayectoria profesional de más de veinte años de docencia vinculada al derecho internacional de los derechos humanos.
Cuenta con múltiples publicaciones académicas dedicadas a la investigación de la violencia contra las mujeres, acceso a la justicia y género, y discriminación. Se ha desempeñado como codirectora del Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y directora del Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal -sin representar a sus propios países-, tiene el mandato de promover la observación de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.
