Entre 2009 y 2013 se destinaron cuatro millones de dólares al año a este caso.
El monto incluía las remuneraciones de abogados, estudios, asesorías y viajes, entre otros.
La Corte Suprema aprobó hace pocas semanas que las remuneraciones del equipo jurídico chileno se mantuviera en reserva.
Un costo estimado de 11.200 millones de pesos tuvo la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La cifra, contempla, entre otros aspectos, las remuneraciones de abogados, estudios, cartógrafos, asesorías y viajes, además de honorarios de los juristas extranjeros que representaron a Chile en el tribunal, tras la demanda por límites marítimos interpuesta en 2008 por Perú y cuya sentencia se conoció el lunes.
Según fuentes de Cancillería citadas por La Tercera, anualmente (desde el 2009 al 2013) se desembolsaron 2.240 millones de pesos -unos cuatro millones de dólares-, montos que fueron aprobados cada año por el Congreso durante la discusión del Presupuesto dentro de un programa especial de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería.
Fiscalización de gastos
Debido a que estos montos no tenían una glosa específica -como una medida para mantenerlos en reserva- no era posible determinar cuánto de dichos recursos se destinaba específicamente para el litigio.
El gasto del Estado en el proceso generó polémica a mediados de enero, cuando la tercera sala de la Corte Suprema rechazó, de manera unánime, hacer públicas las remuneraciones de los abogados defensores de la posición chilena, así como la identidad de los juristas que participaron en el proceso.
El caso llegó al máximo tribunal de justicia tras un recurso de queja presentado en contra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había accedido a publicar la información, avalando una decisión del Consejo para la Transparencia.
Pese a la reserva en la que se mantiene esta información y a que no era explicitada al Congreso, los montos estaban sujetos a la fiscalización de la Contraloría.
