Tras 22 años impartiendo clases de religión, Sandra Pavez no pudo continuar ejerciendo la pedagogía.
La demanda es apoyada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.
Demanda de Sandra Pavez fue apoyada por el Movilh.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió tramitar una demanda contra el Estado de Chile por prohibir a Sandra Pavez, una ex monja lesbiana, dar clases de religión en un colegio público debido a su orientación sexual.
En 2007, después de 22 años impartiendo clases de religión en una escuela de Santiago, Pavez recibió una llamada del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz.
Fue consultada respecto a su condición sexual, donde ella aceptó abiertamente su homosexualidad. Tras esto, se le pidió que dejara a su pareja y que fuera a un psiquiatra de la Iglesia católica, a lo cual se negó y perdió su trabajo.
En su primera comparecencia ante los medios después de que hace unos meses se le comunicara la decisión de la CIDH, Pavez afirmó en declaraciones recogidas por Cooperativa que está conforme con la decisión, pero reconoce que es solo un paso.
"Creo que es un paso más después de casi siete años esperando. Sé que las cosas judiciales son lentas, pero ya creo que el camino se va acortando y para mí es una alegría inmensa, porque creo que se va a hacer justicia", manifestó.
Sostuvo que "fue terrible el no poder seguir trabajando en lo que yo me había preparado y estudiado. Me llamó el vicario que estaba a cargo de los profesores, porque estaba recibiendo llamadas telefónicas diciendo de mi orientación sexual. Me dijo que 'cuando el río suena es porque piedras trae' y ahí le dije que sí, no tenía ningún reparo en decirle mi orientación sexual, que tenía pareja".
"Y ahí vino la Iglesia a prohibirme que yo estuviera con mi pareja, sino me quedaba sin trabajo", declaró Pavez.
Iglesia se valió de decreto creado en dictadura
La iglesia se valió de un decreto creado en 1984 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, el que señala que la institución católica tiene la potestad para decidir quién es "idóneo" para impartir clases de religión.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual apoya la demanda y ha asesorado a Pavez. El vocero del Movilh, Óscar Rementería, explicó a Cooperativa que la acción judicial es contra el Estado debido al mencionado decreto.
"Sandra Pavez fue impedida de hacer clases solamente por ser lesbiana y la CIDH constató que ello se debió a una decisión de la Iglesia católica amparada en facultades cedidas por el propio Estado de Chile y estas facultades fueron entregadas en plena dictadura, que le entregó atribuciones a las autoridades eclesiásticas para poder facultar a los profesores de religión para poder impartir en nuestro país", detalló.
Rementería añadió que el "decreto todavía está vigente y es por ese motivo que la demanda es contra el Estado de Chile que está amparando, a través de esta normativa, este tipo de atribuciones hacia organizaciones externas al Estado, como es la Iglesia católica. Así que nosotros, en ese sentido, estamos bastante conformes".
La organización interpuso en 2008 la demanda a la CIDH contra Chile por lo que considera un "contubernio" entre la institución religiosa y el Estado chileno.
Tramitación de la demanda
El pasado 21 de julio de 2015, la Comisión acogió a trámite la demanda tras considerar que la actuación del Estado de Chile vulneró distintos artículos de la Convención Interamericana como la no injerencia en la vida privada y la igualdad ante la ley.
"Creemos que esta va a ser una lucha simbólica y política muy importante para América Latina y Chile. Permitirá desarmar la confabulación y vulneración de derechos en el que se hacen cómplices el Estado chileno y las jerarquías de la Iglesia católica", afirmó líder del Movilh, Rolando Jiménez, a EFE.
Tras la admisión a trámite de la demanda, el camino más fácil para Chile es iniciar una salida amistosa en la que se "derogara el artículo 924 y se ofrecieran disculpas y reparaciones a Sandra", señaló el líder de la agrupación homosexual.
De lo contrario, el proceso seguirá adelante en la Comisión y, muy probablemente, según Jiménez, la Corte emitirá una nueva condena por vulneración de derechos fundamentales, "con el desprestigio que esto implica para la institución del Estado".
"Pensaba que la Iglesia católica chilena era mucho más humana y aceptaba a las personas tal y como eran, me ha decepcionado muchísimo", expresó Pavez a EFE, quien a pesar de todo dice estar "tranquila", pues está convencida de que, a diferencia de la institución, Dios no la juzga por su orientación sexual.
La CIDH dio un plazo de cuatro meses para que el Estado y el Movilh presenten sus argumentos de fondo y valoren la opción de una solución amistosa.
Mientras que el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, no quiso referirse al tema.
