Un grupo de 18 pastores se reunió con el presidente de la Cámara Baja.
"Nos ha quedado claro que la conducta que tuvo el señor Javier Soto no representa al mundo evangélico", declaró Aldo Cornejo.
Obispo Soto aclaró que el evangélico no pertenece a ninguna agrupación ni en Santiago ni en la Región de Valparaíso.
Un grupo de 18 pastores encabezados por el obispo Emiliano Soto se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, para expresarle su rechazo por las acciones de violencia cometidas por el evangélico Javier Soto, quien insultó a los parlamentarios tras la aprobación del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) o Pacto de Unión Civil (PUC).
Tras el encuentro el presidente de la Cámara señaló que "nos ha quedado claro que la conducta que tuvo el señor Javier Soto no representa al mundo evangélico y si bien podemos tener algunas diferencias respecto de algún proyecto de ley en particular, no tenemos ninguna duda que el mundo evangélico está por el diálogo, por el respeto, por la paz y eso ha quedado de manifiesto en esta reunión".
Cornejo además confirmó la presentación de la denuncia en contra de Javier Soto ante el Ministerio Público, explicando que "acá ha habido un actitud claramente delictiva de amenazas, de intento de agresión física, de irrumpir violentamente en una sesión oficial de la Cámara de Diputados".
"Esperamos que se investigue y que los tribunales, si estiman alguna responsabilidad, apliquen las sanciones correspondientes", concluyó el ex alcalde de Valparaíso.
Por su parte el obispo Soto, explicó que "hemos venido a marcar esta relación de respeto hacia quienes son nuestras autoridades dentro del Poder Legislativo en el país, la Cámara de Diputados nos merece toda nuestra consideración".
Consultado sobre la representatividad de Javier Soto, el obispo agregó que "en Santiago, y las organizaciones que nos toca representar, no está involucrado, no está incluido en ninguna, y en la Quinta Región tampoco", aseguró.
Por este comportamiento, Javier Soto podría ser sancionado con una pena de reclusión menor en grado mínimo o con el pago de una multa que podría alcanzar las 10 UTM (unos 431.980 pesos).
