Acusan que el protocolo dictaminado por la Contraloría afecta la "autonomía" de las instituciones privadas.
Presentarán un recurso común, luego de que ya lo hicieran senadores de la UDI y RN.
"Financiar una institución privada no le da derecho al Estado a intervenir en su propia autonomía", fustigó el diputado Cruz-Coke.
Al igual que la acción que ya presentó un grupo de senadores de la UDI y RN, los diputados de los partidos de Chile Vamos también recurrirán al Tribunal Constitucional por el protocolo de la ley de aborto en tres causales, luego de que la Contraloría dictaminara que las instituciones que reciban recursos del Estado no podrán ser objetores de conciencia.
En la sede de Renovación Nacional se reunieron los jefes de bancada del bloque para iniciar una mesa de trabajo tendiente a debatir los ejes del recurso común que esperan presentar en las próximas semanas.
El jefe bancada de la bancada RN, diputado Leopoldo Pérez, explicó que "la finalidad es que se precisen y aclaren dudas que hemos manifestado como parlamentarios de Chile Vamos respecto de algunas leyes, particularmente la ley de aborto, que no solo estarían afectando el acceso y el derecho de millones de mujeres a la salud, sino que también la autonomía de las organizaciones e instituciones que prestan servicios de carácter público".
"Es por eso que (accedimos) a la invitación que nos ha hecho la UDI, a la que también ha concurrido Evópoli, de trabajar y consensuar una presentación conjunta antes del día 19 (de noviembre)", agregó.
En la misma línea se manifestó el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien fustigó que "el mero hecho de financiar una institución privada no le da derecho al Estado a intervenir en su propia autonomía".
"En este caso, por ejemplo, hay instituciones que reciben hoy día financiamiento público a través de convenios, y sin embargo, siendo objetoras de conciencia, como ha señalado muy bien el Tribunal Constitucional, que algunas instituciones pueden serlo, estarían siendo obligadas a dar las prestaciones de aborto, lo cual, a nuestro juicio, constituye un agravante, un condicionamiento de la libertad de esas instituciones", complementó el ex ministro.
Bancadas de diputados de Chile Vamos recurrirán al Tribunal Constitucional por alcalces de la Ley de Aborto en tres causales. Según acusan, se están afectando los derechos de las mujeres y también autonomía de instituciones que prestan servicios público.@Cooperativa pic.twitter.com/rPC6zv7GTJ
— Solange Ramírez 勇敢 (@SolangeRamirez) 2 de noviembre de 2018
Por su parte, el diputado Javier Macaya, jefe de la bancada UDI, resaltó que "estamos en presencia - particularmente en el tema de objeción de consciencia- de la imposición a prestadores de salud de un requisito que está declarado como inconstitucional"
"Creo que el contralor ha excedido sus facultades y es la razón por la cual estamos acudiendo al Tribunal Constitucional. Esto no es algo contra el Gobierno, es algo que, a nuestro juicio, ha sido mal usada por parte de la Contraloría y esperamos que así sea recogido por parte del Tribunal Constitucional", añadió Macaya.
Juan Luis Castro (PS): "No quieren que las mujeres decidan"
Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el socialista Juan Luis Castro, criticó que "la acción que han emprendido un grupo de parlamentarios de impugnar el reglamento de aborto es otra estrategia más, porque simplemente ellos quieren impedir que las mujeres en Chile decidan si quieren mantener un embarazo cuando han sido violadas, tiene una enfermedad grave la madre o el niño viene con una malformación letal".
"Hasta cuándo sigue la UDI haciéndole la pega al Gobierno que en el fondo no quiere ni le interesa que haya ley de interrupción de aborto como hace un año se aprobó", reprochó.
Por su parte, el senador PPD Guido Girardi, presidente de la comisión de Salud de la Cámara Alta, dice que con este requerimiento se busca un "privilegio para los poderosos".
"La objeción de consciencia es una situación excepcionalísima que quiere decir que algunos no cumplen con la ley y tienen ese privilegio. Aquí hay instituciones poderosas que, en vez de cumplir ellos con la ley, quieren que las leyes se adecuen a ellos y la UDI, Evópoli y Renovación Nacional están disponibles a aprobar ese principio", añadió Girardi.
El reglamento en cuestión entra en vigencia el próximo 7 de noviembre, según se estipuló en su publicación en el Diario Oficial el pasado 23 de octubre.
