Ministra Paula Narváez afirmó que "no tenemos ninguna dificultad de contar cuáles han sido los avances".
Organizaciones sobre derechos reproductivos critican que se ha esperado cuatro años para que el proyecto sea aprobado.
Una de las principales quejas contra el Gobierno es que no ha sido capaz de alinear a su colación sobre este proyecto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará este miércoles la "demora" del proyecto de despenalización del aborto en tres causales, tras los reclamos de la Corporación de Derechos Sexuales y Reproductivos Miles, junto a otras organizaciones de los derechos reproductivos.
Al respecto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez, indicó que "nosotros no tenemos ninguna dificultad de contar en todas las instancias -de manera pública y transparente- cuáles han sido los avances del Gobierno de la Presidenta Bachelet en este tema y en otros temas de agenda".
"Por todos es conocido que el Gobierno de la Presidenta ha impulsado un proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, haciéndose cargo de una realidad de las mujeres, haciéndose cargo hoy día de un sentir ciudadano que tiene un amplio apoyo por lo demás", añadió.
Sin embargo, la directora de Miles, Claudia Dides, recalcó que "ya han pasado cuatro años, no vemos ninguna voluntad efectiva del Gobierno de trabajar con la sociedad civil".
"Este es un Gobierno que se ha encerrado mucho en sí mismo. Por otra parte nos parece que es suficiente tiempo haber esperado 28 años en Chile y que no haya una respuesta ordenada que dé cuenta de la vulneración de derechos de las mujeres y en particular de todos los casos que tienen que ver con estas tres causales", agregó.
Sergio Carrasco, de la agrupación Voces Católicas, recalcó que "la misma denuncia que va a presentar Miles este miércoles se contrapone con el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado. Nosotros esperamos que el proyecto no llegue a un buen puerto y se incorporen ciertas cosas que creemos que atacan el problema de fondo y no este proyecto que finalmente lo único que hace es dejar a una madre vulnerable de lado".
Desde el Senado, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) sostuvo que "creo que tiene más bien un efecto judicial que otra cosa y segundo, me parece una falta de respeto al estado de derecho, porque es un proyecto que se está discutiendo".
Guido Girardi (PPD) planteó que "de acuerdo a todos los dictámenes de los relatores, las sugerencias de los relatores de derechos humanos, cuestionan a nuestro país porque se considera que condenar a la cárcel a mujeres víctimas que han sufrido una violación o víctimas de interrumpir el embarazo por una inviabilidad fetal y se considera un atentado a los derechos humanos".
Una de las principales quejas contra el Gobierno es que no ha sido capaz de alinear a su coalición sobre este proyecto.
