La diputada comunista dijo que se analiza una acusación constitucional contra los ministros del TC tras su fallo por la objeción de conciencia.
La diputada criticó con dureza a la UDI.
Diputadas del Partido Comunista analizan presentar una acusación constitucional contra los ministros del Tribunal Constitucional (TC) luego de que este organismo acogiera la presentación de Chile Vamos para permitir la objeción de conciencia de instituciones que tengan convenios con el Estado en el marco de la despenalización del aborto en tres causales.
Con esta definición del TC volvió a abrirse el debate sobre este organismo al que se acusa de ejercer como una tercera cámara parlamentaria, echando por tierra lo que había zanjado el Congreso en esta materia para evitar que recintos de salud pudieran ser objetores si recibían recursos del Estado.
La diputada del PC, Karol Cariola, comentó que "el Gobierno, como quiso torcer la voluntad democrática, lo que hizo fue mandarlo al TC a través de la UDI que se han transformado en los perros guardianes de la política antimujeres que están implementando este Gobierno".
"Vamos a seguir evaluando la posible acusación constitucional respecto de los jueces del Tribunal Constitucional que han superado completamente sus atribuciones y frente a eso han hecho derechamente abandono de deberes respecto de sus labores", añadió la diputada integrante de la comisión de Salud de la Cámara.
La oposición analiza además otras alternativas aunque no necesariamente revertiría la decisión del TC. Entre esas, también se evalúa demandar al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a la acusación constitucional, se está evaluando si es posible realizarla en contra de los ministros del TC.
El timonel de RN, Mario Desbordes, le respondió a Cariola, sosteniendo que "han vanalizado instituciones que a los parlamentarios nos entrega la Constitución".
"Estar jugando a acusar constitucionalmente a cualquier persona que piensa distinto a mí me parece grave", criticó.
El Gobierno se mantuvo al margen de esta discusión en el TC y no participó en la defensa del reglamento redactado por el propio ministro de Salud, Emilio Santelices, por lo que desde la oposición acusaron a La Moneda de haber conseguido el objetivo de imponer la objeción de conciencia institucional, pero a través de los partidos oficialistas.
Violación con abuso y con violencia
Las parlamentarias de la oposición pusieron sobre la mesa los anuncios realizados por Gobierno en cuanto a la modificación del delito de violación.
El anteproyecto dividiría el crimen entre violación mediante agresión sexual con violencia, donde las penas van de 5 a 10 años; y violación mediante abuso sexual, que se interpreta como enajenación o transtorno mental de la víctima, donde las penas van de 3 a 7 años.
Las diputadas acusan que se trata de un "retroceso brutal" y dicen que no puede ser que se insista en poner la carga de la prueba sobre la víctima.
Además cuestionaron que en el anteproyecto se buscaría bajar la edad de consentimiento de los 14 a los 12 años.
Vocera: Siempre reconocimos como derecho la objeción de conciencia
La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo que el TC le dio la razón a la postura de siempre del Ejecutivo y que eso a nadie le puede extrañar.
"Uno no puede celebrar los fallos, sentencias, o dictámenes a conveniencia: cuando fallan como yo quiero, lo celebro, valido la institución, señalo que es democrática; cuando fallan como yo no quiero, entonces existen distintos tipos de contubernios, teorías de complot para no señalar lo básico que no fue refrendada la posición que uno tenía", sostuvo.
"Desde el primer minuto, nosotros como Gobierno, reconocimos públicamente que la objeción de conciencia tanto personal como institucional era un derecho", recalcó la vocera.
"En ese minuto, nosotros señalábamos que no compartíamos el criterio de la Contraloría pero que lo acatábamos. Hoy día el Tribunal Constitucional nos da la razón a la que ha sido nuestra postura de siempre, que a nadie le puede extrañar", agregó.
En tanto, agrupaciones feministas convocaron para esta tarde a una manifestación en el frontis del TC en el Paseo Huérfanos por la decisión del tribunal, acusando que la derecha y el TC actúan contra los derechos de las mujeres.
Implementación
Son seis los recintos privados que tienen convenios con el Estado que estaban afectados por el dictamen de la Contraloría. De esos seis, solo uno o dos tienen las posibilidades técnicas para realizar un aborto, el resto son muy pequeños.
En este sentido, un ejemplo es el Hospital Parroquial de San Bernardo, desde donde reaccionó el obispo Juan Ignacio González, quien manifestó que "yo veo el bien que está haciendo nuestro hospital y del cual se iba a ver privada mucha gente, muchas prestaciones".
"Yo pienso que, desde el punto de vista técnico-jurídico, el Tribunal Constitucional ha hecho lo que a mí me parecía muy claro que debía ser así. En este hospital, desde su inicio, hemos seguido los principios fundamentales de la ética cristiana", manifestó.
El obispo agregó que respeta "a los que piensan distinto pero pido también que se respete el pensamiento nuestro como institucional".
