Durante el primer año vigencia de la ley de aborto en tres causales, que rige desde septiembre de 2017, el sistema público de salud registró al menos 535 interrupciones voluntarias de embarazos.
Según cifras obtenidas por La Tercera, vía Transparencia de 65 de los 69 hospitales públicos habilitados para aplicar esta ley, 277 abortos fueron por la causal de riesgo de vida de la madre, 165 por inviabilidad del feto y 93 por violación.
La doctora Paz Robledo, asesora del Ministerio de Salud en el Gobierno de Michelle Bachelet, en el cual comenzó a regir la ley, apuntó que la cifra de abortos por la causal de violación es "menos del 5 por ciento de lo proyectado".
El detalle de todos los abortos da cuenta de que 45 correspondieron a mujeres menores de 18 años, de los cuales 32 se trataron de casos acreditados por violación –la mitad fueron niñas de 14 años o menos-.
Desde el Colegio Médico criticaron en el matutino que "se ve una implementación débil" porque la cifra total "es mucho menor a la esperada por el Ministerio de Salud, que estimó unas 2.500 interrupciones al año".
"Creemos que se debe a que el foco ha estado en proteger a las instituciones objetoras, flexibilizando la objeción de conciencia, por sobre proteger el derecho de las mujeres a decidir. Es necesario que el Estado adquiera un mayor compromiso para que ninguna mujer quede fuera", fustigó Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género del gremio.
De acuerdo con los datos informados por los hospitales públicos, se presentaron en total 702 casos de embarazos que cumplían con los requisitos establecidos en la ley de aborto, pero 167 de esas mujeres decidieron continuar la gestación.