1.077 mujeres han interrumpido su embarazo por estar en riesgo y 1.710 por inviabilidad fetal.
La ley del aborto en tres supuestos básicos -riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación-, promulgada en Chile en septiembre de 2017, ha permitido abortar a 3.609 mujeres desde enero de 2018 hasta septiembre de este año.
Los datos, procedentes del Ministerio de Salud y revelados por 24 Horas, recogen que 1.077 mujeres abortaron por estar en riesgo, 1.710 por inviabilidad del embarazo y 822 por violación.
Según la titularidad de los centros de salud donde se practicaron estos abortos, 3.110 fueron en hospitales públicos, mientras que los 496 restantes fueron en privados.
En total, fueron 4.272 mujeres las que se acogieron a la ley, que contempla tanto la vía del aborto como seguir con el embarazo. De éstas, el 84,5% decidió interrumpirlo voluntariamente y el 15,5% continuó con la gestación.
En cuanto a las edades, el promedio de las mujeres que interrumpieron su embarazo por estar en riesgo fue de 30 años, mientras que por inviabilidad del feto el promedio es 31 años y por violación es 23 años.
La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de abortos, con 1.652, seguida de Valparaíso (494), Biobío (341), La Araucanía con (214) y Antofagasta (204).
"Es muy necesario mejorar la implementación de la ley y en eso hemos estado enfocados desde que asumimos como Gobierno", expresó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a 24 Horas.
La normativa presentó algunos obstáculos desde el inicio, como poca información sobre la ley y los derechos que reconoce; falta de capacitación de los profesionales sobre los procedimientos; la ausencia de mecanismos de fiscalización; y la falta de regulación de la objeción de consciencia.
"Nos interesa es que las mujeres que lo necesiten y lo requieran puedan acceder efectivamente a la posibilidad que les otorga esta normativa", añadió Orellana.
La ley se aprobó durante el segundo Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), tras varios años de insistencia por parte de organizaciones feministas y de mujeres. Hasta entonces, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas, algo que estableció la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) poco antes de que el general dejara el poder.
Seis años después la norma sigue sembrando polémica sobre todo entre los sectores de la derecha y la ultraderecha del Partido Republicano.
La semana pasada los republicanos, que tienen mayoría en el Consejo Constitucional que redacta la nueva Constitución, presentaron una enmienda para proteger la vida del "niño que está por nacer".
Aunque la derecha tradicional, agrupada en la coalición Chile Vamos, asegura que sus intenciones pasan por acordar que el texto constitucional no dé margen para modificaciones respecto a la legislación vigente, organizaciones feministas ya han alertado de la posibilidad de que la nueva Carta Magna traiga "retrocesos" para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La ministra insistió en que "el tono del debate ha sido efectivamente un retroceso respecto a todo lo que se discutió el año 2017. Creo que es importante recordar que se dijeron muchas cosas, se dijo que las mujeres iban a inventar violaciones para poder acceder a la causal, se dijo que se iba a acabar la Teletón".
"Entonces, estamos olvidando toda la discusión que dimos como país. De acuerdo a distintos instrumentos, por ejemplo, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la encuesta Cadem, la mayoría de la población chilena está en contra de penalizar la interrupción del embarazo", añadió.
Desde Corporación Miles, su directora ejecutiva, Javiera Canales, comentó que "si posteriormente se llega a aprobar el texto constitucional, lo que vamos a vernos enfrentados es a retrocesos en la no regulación de la fertilidad, de acceso a anticoncepción de emergencia, probablemente incluso a inseminación in vitro y finalmente lo que ellos siempre han querido bajar, que es la ley de aborto en tres causales, que consideran injusta".
