La ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que sólo 17 médicos que actualmente trabajan en el sistema público están facultados para diagnosticar la inviabilidad fetal de carácter letal, segunda de las tres causales previstas en el proyecto de ley del Gobierno que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa cuenta con suma urgencia y fue aprobada y despachada ayer en la Comisión de Salud del Senado, pasó a la Comisión de Constitución y en las próximas semanas debería ser votada en la Sala. El oficialismo estima que durante julio podría concluir su trámite parlamentario, que comenzó hace más de dos años.
¿Está lista, entonces, la red pública de salud para responder a las obligaciones derivadas de la futura ley? "Contamos en el país con 57 ginecobstetras expertos en medicina materno fetal. De ellos 17 están en el sector público y hay tres más en formación", explicó la ministra Castillo.
"¿Cómo los vamos nosotros a poder gestionar? Existe en este caso un trabajo en red integrada de servicios de salud y, en ese contexto, tenemos seis macrozonas. Estas seis zonas cubrirían la atención y la capacidad de respuesta de cada una de las eventualidades, especialmente que tienen que ver con la segunda causal", agregó la secretaria de Estado.
Objeción de conciencia, pero con excepción
Dentro de las disposiciones con las que salió de la Comisión de Salud el proyecto se encuentra el respeto a la objeción de conciencia para los médicos, pero no para el resto del equipo profesional que trabaja en pabellón (enfermeros, matrones, arsenaleros) ni tampoco a nivel institucional.
A la vez, se aprobó una excepción para la objeción de conciencia del médico, que no podrá excusarse de practicar un aborto ante el inminente vencimiento del plazo establecido en la causal de violación. Es decir, si –por ejemplo- una niña menor de 14 años fue violada, está embarazada y a punto de llegar a la semana 14 y no hay derivación de red ni médico de reemplazo, el profesional, pese a su objeción de conciencia, tendrá que efectuar la interrupción del embarazo.
Según la senadora DC Carolina Goic, esta excepción "no busca, de alguna manera, contradecir la objeción de conciencia".
"En esto hay un derecho a respetar: la libertad de la persona que, justamente, decide no participar, no quiere participar de la interrupción del embarazo. Eso es algo que hay que cautelar, pero puede haber situaciones límites, donde no hay alternativa –por distancia, por muchas situaciones-, donde tiene que estar cautelado también el acceso a salud de la mujer", argumentó la candidata presidencial falangista.
Carolina Goic y otros senadores de la DC van a postular, en la Sala del Senado, que la objeción de conciencia se amplíe al equipo médico que está en pabellón.
Desde la Cámara de Diputados, el socialista Juan Luis Castro apuntó que "por la vía del decreto es perfectamente posible. Yo no descarto que podamos conversar esto con el Ministerio de Salud, recordemos que el proyecto tiene que volver a la Cámara (de Diputados), ojalá pronto, una vez que lo despache el Senado".
"Yo estoy dispuesto a que podamos regular esto vía reglamentaria y se deje abierta la posibilidad de que si hay personal de apoyo que esté en disposición de no colaborar porque tienen una razón individual de conciencia, también se les permita", añadió.
Opina la Sociedad de Obstetricia
El presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazal, comentó a Cooperativa, respecto a los avances de la iniciativa, que ante la virtual falta de médicos especialistas que diagnostiquen la inviabilidad, "el sistema público tendrá que hacer convenios con el sistema privado, como en tantas otras cosas lo hace, de manera tal de solventar las necesidades de estos pacientes, hasta que las condiciones de salud del país permitan hacer esto íntegramente dentro del sistema público", lo que "debe ser una meta para el futuro cercano".
"En cualquier acápite de la medicina en Chile, cuando un paciente en un lugar distante se encuentra en una situación compleja, tenemos que derivarlo", recordó Nazal.
"Pienso que las objeciones de conciencia no deben ser colectivas ni de instituciones y me parece que la excepción debería hacerse y dejarse planteada en la causal número uno, porque cuando la causal es un riesgo de la vida de la madre y éste es inminente, yo creo que la objeción de conciencia del profesional no cabe. En las otras dos causales sí cabe", señaló el dirigente.
En la Comisión de Salud del Senado también quedó establecido el deber de denuncia por sobre el deber de confidencialidad cuando se invoque la causal número tres -embarazo por violación- en una mujer mayor de 18 años: el jefe de una clínica o de un hospital estará obligado a denunciar el hecho ante la Fiscalía para que se inicie una investigación de oficio.
"¿Con qué derecho se mete el Congreso a decir quién puede tener objeción de conciencia?", cuestionó Catalina Parot en Cooperativa.
Parot: Problema de constitucionalidad
El avance del proyecto fue objeto de debate esta mañana en El Primer Café de Cooperativa, donde Catalina Parot (ex RN, actual Evópoli, con militancia congelada) criticó que la objeción de conciencia excluya a los profesionales de la salud que no son médicos.
"A mí me parece bien delicado que se reconozca la posibilidad de que el médico plantee objeción de conciencia para no realizar el aborto, pero no se le dé el derecho a las auxiliares, que pueden también tener su objeción de conciencia. No sé con qué derecho se mete el Congreso a decir quién puede tener objeción de conciencia", dijo la ex ministra de Sebastián Piñera.
"Eso debiese estar reconocido a nivel constitucional, porque una cosa es que institucionalmente no se pueda decir: 'Yo no practico esto', pero otra cosa muy distinta es que se le niegue a una persona que tiene ciertas creencias, ciertos valores morales, oponer su objeción de conciencia", argumentó Parot.
El ex presidente de la DC Gutenberg Martínez le concedió "entera razón" a la ex ministra de Bienes Nacionales, pues comentó que "en el derecho constitucional moderno la objeción de conciencia se reconoce como un derecho fundamental, consustancial", por lo que acusó aquí "una discriminación" e indicó: "Si yo estuviera en el Senado haría reserva constitucional sobre el tema".
"Es falso que 17 médicos puedan declarar la inviabilidad fetal en todas las regiones del país", dijo el ex presidente de la DC Gutenberg Martínez. (Foto: ATON)
Martínez: 17 médicos no cubren a todo el país
Gutenberg Martínez también criticó que desde el Ministerio de Salud se plantee "que no hay problema de especialistas" respecto a la determinación de la causal de inviabilidad, "porque en Chile había 17 médicos que tenían capacidad para dar ese examen".
"Diecisiete médicos", subrayó: "Que alguien me pueda sustentar que eso significa que hay personal médico suficiente para decretar cuándo hay inviabilidad fetal en Chile entero", desafió.
"Yo creo que eso autoridad de salud que hizo esa declaración es absolutamente irresponsable, porque es falso que 17 médicos en Chile puedan declarar la inviabilidad fetal en Puerto Natales y en Arica, junto con Santiago, Concepción, Valparaíso y todas las regiones de país", sentenció.
