Este lunes comenzó a regir en todo el país la Ley de Etiquetado de Alimentos, la que busca permitir al consumidor adquirir los productos alimenticios conociendo qué tan saludables son y qué contienen.
Todos los alimentos deben tener etiquetas en las que se explicite si son altos en calorías, grasas saturadas, azúcares o sodio.
Rodrigo Álvarez, presidente de Alimentos y Bebidas Chile destacó que "después de un esfuerzo que es realmente gigantesco, porque no solo hay un trabajo en lo que es comprender la ley, sino que al mismo tiempo es un trabajo de cambio de miles de etiquetas".
"Ya está todo preparado, todas las empresas, todo lo que salga en producción, elaboración o fabricado va a estar con todo el etiquetado", dijo.
"Probablemente la mayoría de las personas ha visto en los supermercados que casi está en un 100 por ciento ya todo etiquetado como corresponde, según los límites, productos y condiciones", recordó Álvarez.
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"Ingenuo" creer en reducción de obesidad
Otro de los puntos de esta legislación es el fin de la venta de este tipo de productos en colegios o del uso de ganchos a menores de 14 años para comprar alimentos no saludables.
Sin embargo, como explica el presidente del Colegio de Nutricionistas, Samuel Durán, "el 50 por ciento de los escolares tiene sobrepreso u obesidad. El creer que la ley va a reducir la obesidad es muy ingenuo".
"Lo que nosotros esperamos como Colegio de Nutricionistas es que cambien los patrones de consumo, es decir, que disminuya el consumo de bebidas azucaradas, de papas fritas, galletas y snacks dulces y salados, que son los que más se comen dentro de las escuelas", precisó.
Por su parte, el jefe de la División de Políticas Públicas Saludables del Minsal, Tito Pizarro, sostuvo que "hay que decirlo con mucha felicidad: hay un gran número de alimentos que no tienen sticker, no tienen señales de advertencia (...) hay una mayor posibilidad de elegir y de buena forma".
"La fiscalización y control habrá que ir haciéndola durante el tiempo", aseveró.
Los seremis de Salud deberán fiscalizar el cumplimiento de la normativa y otorgar amonestaciones a los infractores, quienes tendrán un plazo de entre 30 y 60 días para solucionar la situación.