El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revirtió la prohibición de ingresar a la Clínica Las Condes (CLC) dictada a fines de octubre en contra del oncólogo Manuel Álvarez, quien por ese entonces había regresado a trabajar, a pesar de que la Fiscalía le imputa el delito de abuso sexual reiterado en contra de dos personas.
La Tercera indicó que la medida fue revocada este miércoles en el marco de la audiencia de preparación del juicio oral en contra del médico, acogida la solicitud ingresada por la defensa del director del Centro Clínico del Cáncer del recinto, del que fue desvinculado en 2017 por este caso.
La parte querellante y la Fiscalía pidieron prohibir su ingreso a la CLC porque regresó cuando una de las víctimas aún se atendía allí, internada en ese entonces por un cuadro de Covid-19.
"El único argumento que dio la defensa para solicitar la modificación de la medida era que nuestra representada ya no se encontraba tan grave, puesto que ya no tiene Covid. Aquello no puede ser más alejado de la realidad, nuestra clienta tiene cáncer terminal grado 4, como ya es de público conocimiento; es cualquier momento puede recaer, requiriendo ser atendida por la Clínica Las Condes, donde tiene su seguro catastrófico, y encontrarse con su agresor", reprochó la abogada querellante Susana Borzutzky.
"Consideramos que, además, ese médico es un peligro para la sociedad, y sobre todo para todas las otras mujeres de este país. Recordemos que en la causa existen a lo menos 10 testimonios de víctimas cuyos hechos se encuentran prescritos, sólo dos no se encuentran prescritos y es por ello que el Ministerio Público había fundado su acusación", recordó la jurista.
Y agregó que "esperamos que la Corte de Apelaciones revoque la medida cautelar y nos proteja de estos casos y que sea un hecho ejemplificador para que nunca más una mujer en un estado así de fragilidad viva hechos como este".
No obstante, el oncólogo debe cumplir las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional durante esta investigación de presunto abuso sexual reiterado, por la cual la Fiscalía ha pedido dictar una pena de 16 años.
La indagatoria fue reabierta por solicitud de la defensa -proceso durante el cual apareció otra denunciante cuyos hechos están prescritos, según la parte querellante-, y se prevé que el Ministerio Público ingrese su nueva acusación próximamente.
