La directora de Fonasa, Jeanette Vega, comentó en El Primer Café que "uno no puede hacer la conexión directa" de fallecimientos con las listas de espera AUGE, porque la mitad de las personas que falleció se encontraba por patologías que no provocan muertes, como entrega de órtesis, por ejemplo.
Este martes, El Mercurio informó que según un oficio de Fonasa enviado a la Cámara de Diputados a propósito de la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, "508 personas han fallecido en período en el cual se encontraban con una garantía de oportunidad vencida".
De acuerdo al mismo documento, "es importante señalar que no se puede asociar las causas de muerte con el problema de salud GES que aqueja a la persona y mucho menos que la no atención oportuna del mismo propicie el fallecimiento", lo que fue refrendado en Cooperativa por la directora de Fonasa.
"Uno no puede hacer la conexión directa de que las personas se murieron porque estaban esperando y no se les atendió. Son dos temas distintos: un tema es que las personas efectivamente estaban esperando, que ese es un tema en sí mismo que estamos mirando con mucho detalle, porque hay un problema de retraso de garantías, pero el segundo tema, que sí es grave, es imputar que por esa razón las personas murieron", declaró Vega.
La profesional aceptó que "efectivamente nosotros tenemos garantías que están retrasadas y hay un problema muy importante también de que no hemos sido capaces de transmitir de buena manera, de manera clara, que cuando no se atiende una garantía, Fonasa tiene la obligación de dar la prestación con un segundo prestador en 48 horas".
"Nosotros creemos que un porcentaje muy importante de las listas de espera tienen que ver porque están focalizadas en lo hospitalario y hay una referencia que se hace de más desde la atención primaria a la atención secundaria y porque tenemos una falencia de médicos en la atención primaria", concluyó Jeanette Vega.
La acusación constitucional contra la ministra de Salud se vota este miércoles en la Cámara de Diputados, luego que la comisión que analizó el libelo, compuesto sólo por parlamentarios oficialistas, rechazara el proceso por falta de pruebas en contra de la secretaria de Estado.