La seremi de Salud, Rosa Oyarce, constató las condiciones de insalubridad y la ilegalidad de su funcionamiento.
El recinto utilizaba silicona industrial en lugar de ácido hialurónico en sus intervenciones.
La seremi de Salud de la región Metropolitana, Rosa Oyarce, clausuró una clínica de cirugía estética clandestina que funcionaba con patente de peluquería y salón de belleza en la comuna de Las Condes.
La autoridad aseguró que el lugar no está equipado para su funcionamiento: "El lugar no tiene las condiciones para hacer ningún tipo de procedimiento. Están las condiciones de insalubridad y, además, las condiciones de los insumos están también bajo condiciones de insalubridad total. Esto no es un lugar que dé una explicación ni siquiera para el uso de un lugar que podríamos llamar peluquería".
"La verdad es que encontramos material abierto, algunas bolsas en uso, bolsas de suero, bisturí, batas, silicona industrial en gran cantidad", detalló Oyarce.
Uno de los temas que más generaron complicaciones en los pacientes fue la utilización de esa silicona industrial en lugar de ácido hialurónico para las intervenciones.
Al interior del local había cuatro personas: una de ellas poseía el título de enfermera pero no contaba con la autorización para realizar tratamientos quirúrgicos.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, revocó la patente del lugar y los dueños deberán, durante los próximos días, entregar su testimonio y apelar el recurso en la Seremi de Salud Metropolitana.
"De peluquería y salón de belleza esto no tiene nada. Aquí lo que procede no es solamente la prohibición de funcionamiento, sino que además la clausura, el término de la patente", comentó la máxima autoridad comunal.
"Estuvimos con las personas afectadas y tienen secuelas que son graves. Hay un grupo de 10, 11 personas afectadas y puede haber más, entonces las personas que han hecho esto han jugado con la vida de la gente", dijo.
Los responsables del recinto deberán acudir a declarar a la Seremi de Salud y estarán expuestos a una multa, lo que se suma a una querella que el municipio y la autoridad sanitaria impondrán ante la Fiscalía.
De acuerdo a los antecedentes entregados por Oyarce, en el año 2015 el recinto fue fiscalizado por la denuncia de una víctima y no se logró establecer el funcionamiento ilegal. En 2017 fue recibida otra denuncia en la Fiscalía, pero no se dictaminó medida alguna porque la persona que presentó la acusación no siguió con el proceso.
