"Consultorio seguro" quedó listo para convertirse en ley.
Establece hasta 15 años de cárcel para el agresor dependiendo de la gravedad de las lesiones que provoque.
El Congreso despachó este martes el proyecto de ley que endurece las sanciones contra quienes agredan a funcionarios de servicios de salud y a profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales.
Por 129 votos a favor, cinco en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en último trámite las modificaciones introducidas durante su paso por el Senado a la iniciativa, que modifica el Código Penal para agregar un tipo especial de sanciones por lesiones que puedan sufrir los trabajadores de ambas áreas.
El texto establece una pena que puede llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) para el agresor si las lesiones provocan un daño severo que implica pérdida de autonomía; y de presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si le ocasiona una enfermedad o incapacidad para trabajar por más de treinta días.
También puede ser multado con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, lo último si causa lesiones leves que no se producen dichos daños.
El proyecto impone a los jefes de los establecimientos de salud -públicos o privados-, y los sostenedores y directores de recintos educacionales -públicos o privados-, así como a los directores de los Servicios Locales de Educación, la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones, y a la vez los faculta para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad.
Asimismo le concede a la víctima la posibilidad de solicitar a la autoridad del establecimiento que le proporcione mecanismos de defensa jurídica adecuados para el ejercicio de las acciones civiles y penales correspondientes.
Además, dispone que, en el caso de que una persona esté imputada y bajo una medida cautelar que impide el acceso a un determinado establecimiento de salud, ésta no regirá cuando exista un peligro grave para su vida o salud; no obstante, superado el peligro grave, deberá ser trasladado inmediatamente a otro establecimiento de salud, si corresponde.
"Estamos muy contentos, porque en un breve plazo hemos logrado un acuerdo y eso viene de la mano -tal como se logró la semana pasada- de un acuerdo nacional por la Paz y la Democracia", celebró el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien asistió a la tramitación del proyecto con el ministro de Salud, Jaime Mañalich.
"Estamos muy contentos –resaltó también- que el Congreso Nacional esté trabajando de esta forma para sacar rápidamente las leyes, que en este caso en particular, benefician al 80 por ciento de las pacientes que se atienden en la salud pública (...) porque cuando se agrede a un funcionario de salud, se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, incitan a la renuncia del personal, ocasionando efectos para todo el sistema de atención de salud".
Según el Ministerio de Salud, durante este año se han registrado más de 1.100 agresiones a funcionarios de salud, situación que se espera enfrentar y sancionar más duramente con este proyecto, que el Gobierno denominó "Consultorio Seguro", que ya fue oficiado al Presidente Sebastián Piñera para su promulgación como ley.
