"Están pagando justos por pecadores", lamentaron desde la Fundación Pequeño Cottolengo, una de las 34 instituciones que denuncian subvenciones impagas desde enero, que rondan los 3.000 millones de pesos, por parte del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
El atraso en los pagos, plantean, respondería a la desconfianza hacia a las fundaciones a raíz del caso "convenios", que involucra tratos irregulares de diversas organizaciones no gubernamentales con reparticiones del Gobierno central y Gobiernos Regionales.
Desde la treintena de entidades sostienen que han debido absorber el pago íntegro de los sueldo del personal y los gastos operativos -mantención de aseo, alimentación y salud, entre otros-, pra lo cual han recurrido a endeudarse con terceros y proveedores e incluso vender activos.
"Lamentablemente aquí están pagando justos por pecadores, porque a las fundaciones que hacen el trabajo, como las nuestras, se les están atrasando los pagos. Estamos en abril y todavía no nos han pagado. Las deudas son más de 3.000 millones de pesos, se deben a 34 instituciones", reprochó Cristián Glenz, director ejecutivo de Cottolengo.
"Esto tiene en crisis a muchas de estas fundaciones, porque hay que pagar sueldos, hay que pagar alimentos, hay que pagar medicamentos. Estar cuatro meses financiando todos los gastos es bastante difícil. El problema es que no afecta a las fundaciones, y finalmente lo que estamos afectando son estas personas que son extremadamente vulnerables. Les puede costar la vida a las personas si no los atendemos, (porque) hay varios que tienen muchos problemas de salud", advirtió.
Alertan que se trata de la situación más crítica de los últimos años que afecta a instituciones que trabajan con personas con discapacidad severa.
Además, acusan que no han tenido respuesta del Senadis y urgen a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que les dé una solución.
Desde el Senadis, su director nacional Daniel Concha sostuvo que el atraso de los pagos se explica porque "todas las instituciones que reciben aportes del Estado superiores a 2.000 UF deben postular y pasar por un proceso de concursabilidad de recursos; (y) esto involucra procesos administrativos que requieren además toma de razón de Contraloría".
Sin embargo, enfatizó que "desde el Servicio Nacional de la Discapacidad se están realizando todas las gestiones y los esfuerzos para acelerar este proceso y la correcta transferencia de recursos".
"Estamos trabajando para que durante la próxima semana se puedan realizar las respectivas transferencias a las instituciones pertinentes", adelantó.
Otras instituciones afectadas son Coanil, la Obra Don Guanella y el Sanatorio Marítimo de San Juan de Dios.
Mientras tanto, las fundaciones evalúan la continuidad de sus programas, dado que al entrar al cuarto mes sin pago de la subvención se pone el riesgo la sostenibilidad de la atención a más de 1.000 personas.
