La enfermedad está incluida desde 2005 en el AUGE-GES, por lo que el Estado debe garantizar su tratamiento.
Centros denunciados representan el 62 por ciento del total de la oferta para pacientes del sector público.
El 87 por ciento de los 20 mil 357 pacientes en diálisis se trata en centros privados.
La directora de Fonasa, Jeanette Vega, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que se investigue y sancione a 53 centros de diálisis privados que se habrían coludido en la atención de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que son afiliados al Fondo Nacional de Salud.
La enfermedad está incluida desde 2005 en el AUGE-GES, por lo que el Estado debe garantizar el tratamiento de diálisis a todos los pacientes que lo requieran, y desde 2008 Fonasa realiza licitaciones públicas para comprar dichos tratamientos en el sector privado.
"Estos 53 centros representan el 62 por ciento del total de la oferta de diálisis para pacientes con insuficiencia renal crónica terminal afiliados a Fonasa", explicó Jeanette Vega en declaraciones recogidas por La Segunda.
"Nosotros adjuntamos todas las pruebas que tenemos y adjuntaremos todos los antecedentes que se requieran para probar que efectivamente aquí hay una acción concertada, que uno no puede anteponer los intereses económicos a los intereses de salud de las personas, por lo tanto vamos a seguir todas las acciones legales que correspondan y no nos vamos a dejar chantajear por esta presión indebida", añadió la directora de Fonasa.
Actualmente hay 20 mil 357 pacientes en diálisis y el 87 por ciento de ellos se trata en centros privados.
Razones de la denuncia
Esta denuncia se da luego de que estos centros privados impugnaran ante el Tribunal de Compras la licitación en curso que lidera Fonasa, con la finalidad de presionar para que el Seguro establezca condiciones contractuales ajustadas a la medida de los demandantes.
Ante esta situación, la directora de Fonasa explicó que "esta administración no aceptará una impugnación que tiene la finalidad de favorecer económicamente a estos centros a expensas de la salud de nuestros pacientes. La legalidad de las bases no es negociable ya que nuestro rol es asegurar que los afiliados tengan acceso a salud de calidad y esto los afecta".
Anteriormente, en las licitaciones de 2008 y 2012, algunos centros de diálisis interpusieron impugnaciones ante el Tribunal de Contratación Pública, con el objeto de suspender el proceso presionando para obtener acuerdos extrajudiciales, que eliminaran o incorporaran cláusulas de la licitación en su directo beneficio.
Desde la Asociación de Dializados y Transplantados de Chile llamaron a realizar una mesa de trabajo para solucionar el problema, como lo comentó el presidente Tomás Fernández.
"Si hacemos una mesa de trabajo con todos los actores podemos llegar a un acuerdo de qué significa tomar las enfermedades que se están produciendo a través de la diálisis. Tienen que ser multados todos los que tienen que ser multados y que si hay que investigar, la transparencia en Chile tiene que ser algo no transable", dijo Fernández
Los convenios actuales terminan en octubre y con la licitación impugnada y suspendida desde Fonasa temen que los contratos caduquen sin que hayan nuevos, lo que sería complejo para los pacientes con insuficiencia renal.
