El director del Fondo Nacional de Salud, Camilo Cid, explicó que el proyecto posibilitará los convenios voluntarios sin excluir enfermedades preexistentes.
La iniciativa fue ingresada la semana pasada al Senado, bajo la crítica de las isapres que han planteado que derivará en su cierre.
El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, explicó que la parte que le compete de la ley corta de isapres permitirá que los usuarios que migren al sistema público puedan contratar seguros para mantener prestaciones similares a las que tenían en el privado, "sin discriminaciones ni exclusión de enfermedades preexistentes".
El proyecto fue ingresado la semana pasada por el Gobierno a través del Senado, bajo la crítica de las isapres, que advierten que de aprobarse el texto tal como está, "en septiembre está cerrado el sistema" privado.
La iniciativa, expone en sus objetivos, busca viabilizar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, protegiendo la viabilidad financiera de las mismas -serán éstas las que tendrán que informar sus cálculos respecto a los montos que deberán devolver y establecer una fórmula de pago a los afiliados-, y fortalecer al Fonasa a través de la creación de una nueva modalidad, alternativa, de acceso a su provisión financiera que permita acoger a nuevos beneficiarios en condiciones similares a las que hoy contempla el sistema privado.
En el marco de la cuenta pública del Fonasa, Cid abordó esta arista del proyecto y relevó, primero, que "lo que pretendemos básicamente es tratar de igualar las coberturas financieras que las personas tienen en el mundo privado con el financiamiento que ellos mismos están haciendo hoy".
"Pero además tendrán la posibilidad, si así lo desean, de que podamos poner convenios con seguros privados de carácter voluntario, que pretendemos sean no discriminatorios ni por sexo ni por edad, y que no excluya enfermedades preexistentes, y por lo tanto con primas comunitarias o planas por persona beneficiaria de cargo del afiliado", sostuvo.
"Cuando una persona, en promedio, utiliza solo la Modalidad Libre Elección (M.L.E.), esa persona va a obtener el 38 por ciento de cobertura financiera. Una persona en Isapre, realizando más o menos las mismas actividades en promedio, va a obtener una protección del 65 por ciento. Lo que pretendemos básicamente con esta parte del proyecto de ley es tratar de igualar las coberturas financieras que las personas tienen en el mundo privado para poder cubrir esa brecha de 38 a 65, nada más ni nada menos que eso", comentó Cid.
Detalló que desde el 2022 hasta marzo del 2023 "han ingresado cerca de 213 mil personas, de las cuales más o menos 110 mil corresponden a beneficiarios de isapre, entonces eso implica una aceleración. Claramente aquí hay una crisis que las personas se dan cuenta, una crisis financiera, una crisis de incertidumbre, y junto con otras razones, que pueden ser económicas, puede ser la inflación, las personas están cambiándose. Llama la atención de que sea un fenómeno nuevo que se están cambiando relativamente más personas jóvenes".
También participó el superintendente de Salud, Víctor Torres, quien fue consultado sobre si existe espacio para rebajar la estimación de los 1.400 millones de dólares que las isapres debieran devolver a sus clientes. "No veo cómo", respondió, asegurando que incluso el monto sigue subiendo mes a mes porque las entidades privadas siguen cobrando sus planes según las tablas de factores antiguas y por coberturas de niños menores de 2 años.
"Si alguien trae una propuesta que esté dentro de estos parámetros, siempre vamos a estar disponibles a poder evaluarlas", señaló el fiscalizador.
Por su parte, el presidente de Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Lagomarsino (Partido Radical), cuestionó la ofensiva del gremio de las aseguradoras contra el Gobierno, a raíz de la ley corta que presentó el Ejecutivo para dar cumplimiento al dictamen del máximo tribunal.
"Se enmarca dentro de una presión más que indebida que han hecho estas entidades, las isapres, y que el ministro de Justicia planteaba muy bien el día de hoy, de que aquí estamos ante una industria más que beligerante y que, a pesar de ser una industria regulada, sobrepasa los límites de lo razonable y entra a un ámbito que no le corresponde, que es, por cierto, presionar al regulador, pero también al sistema político y al sistema judicial chileno, poniendo en duda el fallo de la Corte Suprema", planteó el parlamentario.
Luego de plantear que no conoce "otra industria regulada tan beligerante como las isapres", el ministro de Justicia, Luis Cordero, reafirmó sus dichos en La Moneda ante los medios de comunicación.
"En el contexto de un debate democrático y el respeto a una sentencia judicial, las calificaciones de 'engaño' (como han criticado las aseguradoras privadas la ley corta), atemorizar sobre la situación de una industria que tiene un servicio esencial para los ciudadanos, como es la salud, yo no conozco en la historia regulatoria chilena una industria que argumente de esa manera", reprochó.
El secretario de Estado recalcó que "está en juego la salud de una cantidad importante de afiliados y la sanidad del sistema institucional, y esa es la vocación central del Ejecutivo y la invitación que hemos hecho a la Asociación de isapres, que hasta el día de hoy no responde cuál es la forma en que cree que se debe cumplir el fallo".
En paralelo, también en el Senado se analiza una reforma constitucional de los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón; de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán; y el timonel de la UDI, Javier Macaya, que incorpora una disposición transitoria que permite que las isapres aumenten sus precios base en todos aquellos planes que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los precios; y mandata que la Superintendencia de Salud establecerá un procedimiento de devolución en caso que las compañías tengan que devolver eventuales excedentes pagados por los afiliados, aplicando el nuevo precio de manera retroactiva.
Walker, uno de los impulsores de esta reforma, admitió que "ninguno de los dos proyectos tiene los votos suficientes para aprobarse".
"Por lo tanto, requerimos llegar a un acuerdo que logre cumplir el fallo de la Corte Suprema y al mismo tiempo lo haga en condiciones que permitan mantener funcionando las isapres y las clínicas, los centros privados de salud a los que las isapres les deben 500 millones de dólares", exhortó el exmilitante DC.
Mientras que la exministra de Salud y diputada PPD, Helia Molina, indicó que "las isapres, muchas pero no todas, pero la gran mayoría, tiene lo que se llama la integración vertical, es decir, las clínicas también les pertenecen, por eso hay tanto conflicto, porque como el proveedor a veces está junto con el seguro, hay un peligro que se asienta. Creo que es un modelo beligerante que no supimos durante mucho tiempo trabajar".
