El ministro Secretario general de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, anunció que el Gobierno establecerá indicaciones al proyecto de ley sobre Protección de la Salud Mental para que se incluya la adicción a las drogas como una enfermedad mental y se ayude a las familias con el tratamiento de los pacientes.
La decisión fue anunciada tras reunirse con la Agrupación Familiares Angustiados (AFA), acompañados del senador PS Juan Pablo Letelier, quien solicitó las indicaciones para proteger a aquellas familias que sufren los efectos producidos por un familiar afectado por la drogadicción o alcoholismo.
Mario González Matus, integrante fundador de la AFA, protagonizó hasta este viernes una huelga de hambre debido a la ausencia de opciones de tratamiento efectivo para su hijo, que padece trastornos severos de conducta a raíz del consumo de drogas, y que fue depuesta tras 38 días ante el anuncio del Gobierno.
"La movilización sigue. La huelga fue sólo un mecanismo. Pero la movilización sigue a través de la creación de la AFA en cada una de las ciudades que tenga el problema de la droga en su barrio. La adicción a las drogas es una enfermedad y como tal debe ser tratada. La familia debe tener la potestad de someter a tratamiento a un familiar adicto", manifestó González tras la reunión.
"La adicción no está declarada como una enfermedad, ante lo que dijimos basta y me puse en huelga de hambre. Las reuniones y las huelgas de hambre son formas democráticas que tenemos en un país que se cree democrático pero que está violando claramente un derecho fundamental de vivir en un ambiente sano y libre de drogas duras", dijo.
"El miércoles vamos a la cámara para juntarnos con la Comisión de Salud y esperamos que eso sea algo que lo haga tanto el Gobierno saliente como el Gobierno entrante, que también se moje la espalda con una petición que es de miles de familias", concluyó.
La iniciativa legal busca generar opciones para que quienes sufran de esta adicción sean considerados "pacientes con enfermedad mental" sujetos de la Ley y puedan ser internados de manera involuntaria y recibir tratamiento médico en régimen cerrado.
