Luego de que se diera a conocer que en el Hospital Sótero del Río -entre abril y marzo de 2023- se realizaron alrededor de 100 cirugías en tiempos menores al promedio, donde se presume que se benefició a familiares de funcionarios, la UDI solicitó este lunes a la Contraloría General de la República que se extienda la investigación del caso a todos los hospitales de la red asistencial del país.
Por medio de dos de sus diputados pertenecientes a la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayu y Marta Bravo, el partido gremialista aseguró que es "indispensable" saber si la situación ocurrida en ese hospital "es o no una práctica que se repite a lo largo del país".
"En medio de una de las listas de espera más abultadas del último tiempo, donde casi 2,7 millones de personas se encuentran esperando recibir una atención, muchos de ellos incluso padeciendo enfermedades graves como cáncer, resulta absolutamente impresentable que algunos funcionarios, aprovechándose de su cargo, estén saltándose la fila para privilegiar a sus familiares, amigos o cercanos", afirmaron los parlamentarios.
"Incluso, es de una inhumanidad tremenda, porque termina retrasando la atención de otro paciente, pudiendo arriesgar de manera grave su estado de salud", agregaron los legisladores de Chile Vamos.
LLAMADO AL MINSAL
Ambos diputados hicieron un llamado al Ministerio de Salud (Minsal) para iniciar todas las acciones administrativas que correspondan, a fin de identificar a los responsables y sancionarlos, ya que "la gravedad de este caso amerita que las autoridades del gobierno ejerzan todas las acciones que sean necesarias".
En esa línea, agregaron que "también son importantes las medidas que pueda adoptar el Minsal, tanto para investigar este tipo de conductas como también para sancionarlas con todo el rigor de la ley".
Finalmente, los legisladores de la UDI enfatizaron en que "vamos a llegar hasta las últimas instancias en este caso, porque si en un hospital hubo un grupo de funcionarios que se aprovechó del sistema para favorecer a sus cercanos, no podemos descartar que en otros recintos esté ocurriendo exactamente lo mismo. Nuestra obligación es perseguir este tipo de privilegios, más aún cuando se juega con la salud de casi 2,7 millones de chilenos".
