La medida fue instruida en junio por el subsecretario Julio Montt, quien apuntó a reforzar los controles sobre las compras de servicios médicos y el uso de recursos de la red asistencial.
La Ley de Compras restringe estas operaciones desde 2023, aunque contempla excepciones.
El Ministerio de Salud inició una auditoría a los contratos de hospitales públicos con sociedades médicas, luego de que durante 2025 la red asistencial destinara más de 206.619 millones de pesos a este tipo de empresas, según cifras de la Subsecretaría de Redes Asistenciales obtenidas por El Mercurio mediante Transparencia.
La revisión apunta, entre otros aspectos, a contrataciones con sociedades integradas por médicos que también trabajan en los establecimientos que adquieren sus servicios. Desde diciembre de 2023, la Ley de Compras restringe estos contratos, aunque contempla excepciones que permiten autorizarlos bajo determinadas condiciones.
La auditoría fue instruida en junio por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, quien explicó que la medida busca "profundizar la revisión de las compras de servicios médicos", debido a las distintas modalidades de contratación y al peso de estos mecanismos tanto en el funcionamiento de los hospitales como en el uso de los recursos de la red asistencial.
Entre los casos revisados por El Polígrafo de El Mercurio aparece el Hospital Sótero del Río, donde el anestesista Jaime Pino, contratado por 28 horas semanales, también integra la sociedad Pino y Córdova.
Desde 2024, la empresa registra 64 órdenes de compra por más de 4.178 millones de pesos con el mismo recinto. Su último trato directo, vigente entre enero y junio de este año, alcanzó cerca de 539 millones de pesos y fue justificado por el establecimiento debido a la necesidad urgente de contar con servicios de anestesia.
Otro caso es el de la sociedad Traumahard, vinculada al médico Luis Hernández, funcionario del mismo hospital. En abril, la Contraloría anunció un sumario y una fiscalización por una contratación de 680 millones de pesos, al considerar que la resolución que respaldó el acuerdo no estaba debidamente fundamentada.
Desde el Hospital Sótero del Río señalaron que estas prestaciones permiten cubrir atenciones que no alcanzan a realizarse con los recursos disponibles durante la jornada institucional.
"De no contar con estas contrataciones, no sería posible cubrir totalmente las garantías en salud que quedan fuera de las prestaciones en horario y medios institucionales", afirmaron.
Situaciones similares fueron detectadas en el Hospital Eloísa Díaz de La Florida. Una de ellas corresponde a JGR Compañía Limitada, propiedad del médico José Luis Galindo, que registra compras por más de 2.848 millones de pesos desde 2017.
Otra es Medicina Austral Limitada, del traumatólogo Manuel Acosta, que desde 2016 ha prestado servicios por más de 6.077 millones de pesos.
Desde el establecimiento señalaron a El Mercurio que ambos contratos fueron adjudicados mediante licitaciones públicas y que actualmente no se encuentran vigentes. Además, Acosta defendió ante El Polígrafo que estas sociedades pueden contribuir a resolver listas de espera a un costo menor que una derivación al sector privado.
Una visión distinta manifestó el exsuperintendente de Salud y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Manuel Inostroza, quien planteó al diario que estos mecanismos no han solucionado los problemas de productividad hospitalaria.
"Los hospitales públicos viven bajando su eficiencia; por lo tanto, lejos de ser una solución, son parte del problema de falta de control y de indisciplina", indicó.
En tanto, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, sostuvo que estas sociedades surgieron como respuesta a modalidades de contratación hospitalaria "extremadamente rígidas" y que, por lo tanto, "muchas veces, la única forma que tienen los hospitales de dar continuidad a la atención es recurriendo a estas modalidades extraordinarias".
El exministro de Salud Jaime Mañalich afirmó que las sociedades médicas pudieron ser necesarias en su origen, pero que actualmente generan un desincentivo para la contratación de jornadas completas en la red pública.
"Esto fue reportado hace unos años por la Comisión Nacional de Productividad, donde se mostraba que en horario hábil los pabellones quirúrgicos de los hospitales públicos producían del orden de un 40% menos que en horario extendido", señaló a El Mercurio.
