Parlamentarios de la Nueva Mayoría quieren "revertir" las últimas licitaciones.
"Es una vergüenza el amarre que se está haciendo", dijo Enrique Accorsi (PPD).
El Gobierno de Sebastián Piñera defiende su política y afirma que las concesiones han permitido la construcción de nuevos recintos hospitalarios.
Diputados y senadores de oposición anunciaron que el lunes recurrirán a la Contraloría General de la República para solicitar la revisión de los contratos de licitación de hospitales públicos y frenar su trámite.
"Iremos a la Contraloría para que no se tome razón en estos proyectos, para que estas concesiones que se entregaron en los últimos días las podamos revertir", dijo el diputado PPD Enrique Accorsi, acompañado de su colega DC Gabriel Silber y el senador Guido Girardi (PPD).
"Es realmente una vergüenza el amarre que se está haciendo. Chile es el único país del mundo en el que sus hospitales públicos funcionan medio día. No podemos seguir concesionando al sistema privado. No son carreteras los hospitales", indicó el saliente parlamentario.
En este momento ya están en operación los hospitales concesionados de Maipú y de La Florida, recientemente inaugurados, y que han sido objeto de polémica, dado que sus funcionarios han acusado falta de personal e insumos para funcionar correctamente.
Ayer jueves comenzó la apertura de ofertas para la licitación del Hospital Sótero del Río, que se suma a los recintos con los procesos de concesión ya avanzados: Quillota, Petorca y Marga Marga, mientras en el caso del Hospital del Salvador y el Félix Bulnes, sus administraciones ya van camino a ser adjudicadas a privados en marzo.
Para Raúl Villanueva, presidente de la Fenpruss del Hospital del Salvador, el reclamo ante la Contraloría es la última oportunidad para detener esta política, que el Gobierno, en voz del Presidente Piñera y el ministro Mañalich, han defendido abiertamente.
"Lo han acelerado tanto y ha habido muchos flancos que, efectivamente, pudiese encontrar la Contraloría", dijo Villanueva.
El dirigente se declaró partidario de "retrasar el proceso para que llegue a estar la Presidenta Bachelet y sea ella finalmente quien tome la decisión y no este Gobierno, que quiere dejar todos los contratos amarrados".
"Hoy día nosotros la única esperanza que tenemos es en este proceso", sentenció.
