Tres ejecutivos de la empresa FILA, representantes de la marca de productos escolares PAX, fueron formalizados este miércoles por la muerte de un niño de ocho años quien se intoxicó, en 2013, con silicona líquida que contenía metanol.
Los ejecutivos fueron formalizados por homicidio culposo y dos delitos de expendio de sustancias peligrosas.
Debido a la baja pena que arriesgan, los tres imputados quedaron con medidas cautelares: El gerente comecial Mauricio Masía y la gerente de Marketing Carolina Molina quedaron con arraigo nacional mientras que el gerente general de FILA, Alejandro Jacob, quedó con firma mensual.
El niño, de iniciales J.S.R., murió el 12 de julio de 2013 tras consumir silicona líquida "Mi Silicona", que iba dirigida a la comunidad escolar. Este producto contenía metanol, sustancia tóxica de cuya presencia no advertía el envase.
Falta de informació impidió tratamiento correcto
La fiscal Carolina Suazo relató que tras ingerir la silicona, el menor de edad comenzó a presentar vómitos y dolor abdominal, siendo atendido por tres médicos, quienes no pudieron salvarle la vida dado que desconocían la presencia del metanol.
Aunque el envase advertía que su uso requería de la presencia de un adulto, el omitir la presencia del metanol en la silicona fue determinante en la muerte del niño, ya que no pudieron aplicarle el tratamiento correcto, sostuvo el Ministerio Público.
"De acuerdo a las declaraciones que constan en la carpeta investigativa, si los profesionales que atendieron al niño hubieran tenido conocimiento de que la silicona contenía metanol habrían aplicado algún antídoto", señaló Suazo.
Por ello, la persecutora formalizó a Alejandro Jacob, Mauricio Masía y Carolina Molina por el homicidio culposo del niño.
Este miércoles se realizó la formalización del caso, a dos años de la muerte del menor. (Foto: Agencia UNO)
Metanol en cantidad letal
Respecto a la formalización por expendio de sustancia peligrosas, la fiscal recalcó que la empresa incumplió la obligación de incluir etiquetas en sus productos que señalen la información mínima del contenido.
En este caso, la silicona marca PAX contenía Metanol al 63 por ciento.
El Ministerio Público citó el informe de la autopsia realizada al menor donde se establecía que la silicona tenía una concentración letal: Al momento de su muerte el niño tenía una concentración de 0,25 gramos de metanol.
Así, proyectada esta cantidad al momento de la ingesta arrojó 1 gramo por litro de sangre. Los valores por sobre 0,2 son considerados tóxicos y sobre 0,9 gramos se consideran letales.
Exportación a Ecuador
En agosto de 2013, cuando los imputados ya sabían de la muerte del menor, los imputados exportaron la silicona a Ecuador, incumpliendo la obligación de detallar la presencia del metanol y su peligrosidad, sostuvo el Ministerio Público.
La fiscal Suazo resaltó tras la formalización que "la empresa lo que hizo fue recuperar el producto que se encontraba en distintos locales y, como ustedes escucharon, el contenido del tercer hecho por el cual se formalizó la investigación fue exportado a Ecuador".
Bernardita Riquelme, madre del menor, exigió justicia para que "ningun niño sufra lo mismo" y destacó que "si hubiera dicho que tenía metanol yo simplemente no se lo compro".
Por su parte, el padre del menor José Santander enfatizó que el producto no tiene "una etiqueta que diga que tiene etanol, que un niño no puede tomarlo.Usted lo puede comprar en cualquier parte, en cualquier bazar, pero que salga un logotipo que diga esto no se puede usar por un niño, no. Hasta los jardines infantiles tenían ese producto".
Los imputados, en tanto, se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa.
No obstante, el abogado defensor, Juan Pablo López, apuntó a "cierta desinformación por parte de la comunidad en que existe un decreto supremo del año 84 que prohíbe el uso de la silicona. El problema es que los colegios lo piden, el Ministerio de Educación, así como la Seremi de Salud, en diversas oportunidades han indicado que no se puede solicitar dentro de la lista de útiles escolares".
La defensa confia en que podrán acceder a una salida alternativa, mientras que los querellantes insistirán en un juicio oral. El tribunal decretó 120 días para el cierre de la investigación.
