Abogados presentaron un escrito contra Banmédica, Cruz Blanca y MásVida.
Banmédica es una de las isapres mencionadas en el recurso, además de Cruz Blanca y MásVida.
La Contraloría General de la República ordenó a la Superintendencia de Salud investigar la presunta integración vertical de las isapres, luego de una presentación realizada por tres abogados contra Banmédica, Cruz Blanca y MásVida.
Esta resolución del ente regulador surge luego de la presentación de tres abogados, a la cual se sumó el senador y precandidato presidencial Alejandro Guillier, quienes acusaron "que tales isapres tendrían injerencia en la administración de los prestadores de salud dirigidos por los respectivos holdings a los que aquellas pertenecen".
Los profesionales realizaron esta presentación a la Contraloría luego de haber acudido el año pasado a la propia Superintendencia de Salud, entidad que en junio de este año desestimó la denuncia, señalando que no se habían aportado "antecedentes nuevos o meritorios que permitan acoger la solicitud de sanción por la materia denunciada en contra de las Isapres recurridas, por lo que el requerimiento debe ser rechazado", según publicó El Mostrador.
Por ello solicitaron el pronunciamiento de la Contraloría acerca de las irregularidades en las que habría incurrido la Superintendencia de Salud al rechazar la denuncia, ya que señalaron ante el órgano contralor que "la Superintendencia no habría ejercido debidamente sus atribuciones fiscalizadoras, por cuanto impuso la carga probatoria a los denunciantes y no atendió la solicitud de prueba formulada por estos, desestimando, en definitiva, la correspondiente denuncia".
"En consecuencia, en mérito de lo expuesto, es posible advertir que la investigación de que se trata no se encuentra suficientemente afinada, por lo que corresponde que la Superintendencia de Salud, en el ejercicio de sus atribuciones legales realice aquellas diligencias que estime necesarias para constatar si las isapres denunciadas tienen injerencia en la administración de determinados prestadores de salud, fundamentado, en su caso, el rechazo de los medios de prueba requeridos por los recurrentes, de todo lo cual deberá informar a la Unidad de Seguimiento de la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General en el plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio", indicó la Contraloría en su resolución.
El senador Guillier valoró la decisión del ente contralor, asegurando que según el fallo, no es lícito que las isapres compartan directivos con prestadores de salud, como clínicas y laboratorios, ya que se puede producir colusión.
"Lo que nos está diciendo la Contraloría es que no es lícito que las mismas personas que toman las decisiones en una isapre la estén tomando en las clínicas porque la colusión es inevitable", dijo el parlamentario.
"Nos encontramos con suficientes evidencia, que por lo demás es de conocimiento público, en los sitios web de las isapres y en los estados financieros informados por la Superintendencia de Valores y Seguro, existen antecedentes de la existencia de dirección y administración conjunta entre las isapres, las clínicas y los laboratorios, pertenecientes a un mismo holding, provocando una concentración en el mercado de la salud", añadió el senador.
Guillier enfatizó que "en defensa de los intereses de los 3,5 millones de chilenos afiliados al sistema de isapre, nos parece que la Superintendencia de Salud, con esta resolución de la Contraloría, tiene todas las herramientas necesarias para que no se produzca este tipo de colusión entre isapres y clínicas privadas".
