Controlador de Banmédica activó mecanismo de resolución de controversias con el Estado de Chile

El controlador de la isapre Banmédica, el consorcio estadounidense UnitedHealth Group, informó que activaron el mecanismo de resolución de controversias establecido en Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por Chile, por lo que solicitan compensaciones al Estado. 

A fines del año pasado, la empresa Banmédica -sociedad dueña de isapres Banmédica y Vida Tres- informó al Gobierno que UnitedHealth Group iniciaría este mecanismo debido a la preocupación que existe por la actual situación de las prestadoras privadas de salud en nuestro país, agravada por el fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores. 

En las últimas horas se concretó esta solicitud por medio de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, y a las ministras de Salud y Relaciones Exteriores, Ximena Aguilera y Antonia Urrejola, respectivamente. 

"La decisión de recurrir a este mecanismo se da no sólo como resultado del reciente fallo de la Corte Suprema respecto a tablas de factores que ha agudizado la crisis del sector, sino en el marco de diversos hechos que han perjudicado el quehacer de las isapres, así como también a los prestadores de salud del grupo en Chile", señalaron a través de un comunicado. 

Entre ellos, detallaron, se encuentran las sentencias judiciales que "han impedido ajustar el precio base, el precio GES y el componente del precio asociado a las tablas de factores de los planes de salud; la licencia parental extendida (...); la falta de revisión y prevención del fraude que ha llevado a millonarios pagos en licencias médicas fraudulentas, entre otros".

"El Estado de Chile ha incurrido en una serie de acciones y omisiones que han dañado, y continúan dañando, la inversión de UHG y el valor de Banmédica, lo que constituye una violación a sus obligaciones bajo el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Gran Bretaña y Chile (1997); incluyendo la de garantizar en todo momento a los inversionistas un trato justo y equitativo, permitirles gozar de plena protección y seguridad en Chile y abstenerse de adoptar medidas con efecto expropiatorio sin la debida compensación", acusó la compañía.

En tanto, señalaron que el mecanismo de resolución de controversias establece un periodo de al menos tres meses para buscar una solución amistosa, antes de llevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

REACCIONES

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el diputado Tomás Lagomarsino (Ind.), indicó que "no me extraña que una nueva de ellas haya anunciado que concurrirá ante tribunales internacionales. Espero que el Ejecutivo pueda empezar a pasar del mundo de las preguntas al mundo de las respuestas".

Mientras que el académico de la Universidad Finis Terrae, Marco Antonio Núñez, sostuvo que "es una situación realmente grave, lo que debe ocurrir acá es tomarse muy en serio, porque no sólo afecta la salud de la gente, sino también el sistema financiero en nuestro país y el prestigio internacional".