Los senadores Felipe Harboe y Alfonso de Urresti solicitaron que la Superintendencia de Salud "intervenga" en el caso.
La familia "está con una enorme deuda, imposible de asumir", explicó este último.
Harboe (PPD) y De Urresti (PS) se reunieron con el superintendente Sebastián Pavlovic, quien ya pidió antecedentes del caso a la isapre Masvida.
Los senadores Felipe Harboe (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) se reunieron en la víspera con el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, para darle a conocer el caso de la familia de Florencia Bustamante, niña de 11 años de Chillán que padece una enfermedad catastrófica cuyo tratamiento no está siendo costeado por la isapre Masvida.
La menor de edad fue operada el 2013 por un tumor en la glándula pineal. Actualmente padece una serie de afecciones neurológicas que, de acuerdo a los legisladores, no están siendo cubiertos de manera adecuada por la aseguradora.
"Hemos venido a pedir a la Superintendencia de Salud que ayude a una familia chilena que ha tenido que soportar una enfermedad catastrófica de una hija menor de edad a la cual la isapre no le está dando la cobertura de salud, lo que significa un doble sufrimiento: primero, la impotencia de ver el deterioro de la salud de su hija y, por otro lado, la no cobertura, que significa un drama económico", manifestó Harboe.
En la misma línea habló el senador De Urresti: "Tenemos a una familia que no sólo está con la angustia de un duro tratamiento, un difícil tratamiento por un tumor, sino que también hoy día está con una enorme deuda, con un costo imposible de poder asumir".
"Hemos planteado al superintendente la necesidad de que se intervenga, que se evalúe cómo actuó la isapre en este sentido y poder tener una respuesta positiva para la familia", agregó el parlamentario socialista, quien subrayó que hoy la deuda de la familia Bustamente supera los 100 millones de pesos y "no es reconocida ni cubierta por la isapre, no obstante, el contrato de seguro de salud que se hizo en su momento y la garantía que hay del Estado para este tipo de situaciones".
"Esta situación desgraciadamente se extiende a lo largo de muchos casos en Chile y además tiene una inequidad territorial", sentenció De Urresti.
El superintendente Pavlovic reconoció que "en regiones la insuficiencia de la red no siempre cumple con dar o asegurar efectivamente el acceso de las personas a los derechos que, por contrato y por ley, tienen, y es uno de los aspectos que, obviamente, se tienen que revisar".
"Nosotros estamos revisando esa normativa, la CAEC (Cobertura Adicional Para Enfermedades Catastróficas), que efectivamente está regulada por instrucciones de la Superintendencia", indicó Pavlovic, quien indicó que ya se solicitaron los antecedentes a la isapre Masvida.
"No sabíamos qué se nos venía encima"
Pamela Palma, madre de Florencia, explicó que el problema surgió debido a que, ante la urgencia de realizar la operación, la lenta reacción de la isapre y la propia recomendación de ésta, renunciaron a la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas, debiendo asumir como familia el costo del tratamiento.
"Si bien es cierto en un primer momento mi marido (Raúl Bustamante) se vio obligado por la situación a firmar que rechazaba el CAEC de la isapre, era por el apremio. El médico a nosotros nos dijo: 'En dos semanas más es la operación' y nosotros, sin tener los recursos económicos, sin saber qué se nos venía encima, pagamos un costo de 100 millones de pesos, cuando el costo que yo debería haber pagado en la isapre no superaba los dos millones 600 mil pesos debido a mi deducible", contó Palma.
El CAEC permite pagar un monto fijo anual y el resto queda cubierto por la aseguradora de salud. Sin embargo, para que esta cobertura opere, el paciente debe atenderse exclusivamente de los recintos médicos que la isapre designe.
El Diario de Cooperativa se comunicó con la isapre Masvida, que señaló estar al tanto del caso, pero rechazó emitir una declaración pública.
La aseguradora afrontó una dura polémica hace exactamente un año luego de que uno de sus afiliados, un joven llamado Sergio Neira Illanes, denunciara que ésta lo había "sentenciado a muerte" al negarse a costear su tratamiento.
El escándalo mediático impulsó a Masvida finalmente a acceder al pago, que, de todas formas, poco después fue declarado obligatorio por la Corte Suprema.
