Daniella Cicardini recordó "el contexto de campaña del terror y de la defensa con uñas y dientes del negocio".
"El descriterio (es) de quienes, obviamente, son hoy día los administradores, las isapres", opinó la secretaria general de RN, Andrea Balladares.
La diputada Daniella Cicardini, del Partido Socialista (PS), comentó este martes, en El Primer Café, los bullados planes de pago de las isapres a sus afiliados, que debieron en exceso por sus planes entre entre 2020 y 2024.
El caso volvió a la primera plana luego de que las aseguradoras confirmaran el pago de los cobros excesivos en hasta 156 meses, con casos absurdos en los que algunos usuarios recibirán, por ejemplo, 1.000 pesos mensuales durante 13 años.
Cicardini defendió el rol del oficialismo en la discusión de la ley corta en el Congreso, afirmando que "no hay que desconocer lo que se generó en el debate parlamentario. Nosotros estábamos conscientes de lo que estábamos votando y yo voté a favor de este proyecto, pero permítame también recordar el contexto de campaña del terror y de la defensa con uñas y dientes del negocio por parte de las isapres, que tenían también a sus representantes en el Congreso".
"Jamás me gustó vernos obligados a darles alternativa (a las isapres) para cumplir un fallo de la justicia a una industria que le metió la mano al bolsillo a sus afiliados y que decía que no podía darse el lujo de recibir gente enferma, pero ante el riesgo de afectar el sistema, de hacer colapsar también el sistema público, porque significaba también que iban a caer las isapres y emigrar tres millones de personas al sistema público, no había condiciones y, además, se venía el plazo encima de lo que había resuelto la justicia", indicó la legisladora.
"Acá lo que se impuso -aseguró- fue el realismo político y nosotros no aprobamos lo que queríamos, sino lo que podíamos, en base a las mayorías que hoy existen en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas. En consecuencia, nos vimos en la obligación de aprobar la iniciativa como volvió (a la Cámara), que al menos no era el perdonazo que pretendían las isapres y sus guardianes que había en el Congreso. Recordemos que en algún momento se quiso bajar de 1.500 a unos 400 millones de dólares".
Consultada cómo se explica que haya legisladores que también están muy molestas, pese a que aprobaron el proyecto, Cicardini contestó: "Tampoco lo entiendo. Acá hay parlamentarios que pareciera ser que hoy día se lavan las manos. Hoy día se sorprenden cuando todos sabían qué es lo que estábamos votando".
"Que cada uno se haga responsable de su votación. Yo me hago responsable de la mía, nosotros estábamos conscientes, obviamente no era lo que nosotros queríamos, era lo que nosotros podíamos, nosotros somos minoría en ambas cámaras y ahora, si es que frente a la molestia ciudadana están disponibles para volver a discutir esto, estamos perfectamente disponibles a aquello", concluyó.
A su turno, el vicepresidente de Amarillos por Chile, Isidro Solís, consideró que "va a ser bien difícil tener un buen diagnóstico y ponerse de acuerdo si, en definitiva, esto se va a utilizar para la guerrilla estrictamente política", asegurando que "el lado que tiene la culpa, en definitiva, son las isapres".
"El criterio no se vende en la farmacia y este es un descriterio total", sostuvo el abogado y exministro de Justicia, quien opinó que "el tema de que haya habido un plazo máximo de 13 años no implicaba y yo me imagino que ningún parlamentario se pudo poner en la cabeza que, cuando se pone un rango de plazos, iba a haber isapres que lo quisieran automáticamente fuera tomarse el máximo del plazo para todos sus afiliados, sin tomar en consideración de que, dentro de los millones de personas que participan en las isapres, hay gente que tiene situaciones muy distintas".
"Si uno piensa que había gente -que no hemos enterado con bastante sorpresa- que tenía devoluciones por el monto de los 70 millones de pesos, uno puede decir 'bueno, en realidad, 70 millones de pesos no se pueden devolver en un solo año, era muy difícil', y la ley estaba pensada para eso. El problema es que las leyes, claramente, no pueden resolver la estupidez, si las leyes solamente solucionan problemas, pero la tontera es un patrimonio estrictamente personal", enfatizó Solís.
Por su parte, la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, aseveró que "era difícil imaginar cuál iba a ser el nivel de pago o el nivel de cuota, por no saber cuál era el nivel de deuda particular de cada una de cada una de las personas, pero para eso se habían tomado ciertos resguardos".
"Uno imaginaría que, si tienen un límite de 13 años para no retirar la utilidades, el incentivo estaría puesto, obviamente, en que esto se hiciera lo más rápido posible, sin afectar el servicio prestado y que quienes son parte de las isapres puedan seguir teniendo sus prestaciones, pero, finalmente, creo que el descriterio (es) de quienes, obviamente, son hoy día los administradores, las isapres, y presentan este plan, que es insultante para algunas personas", indicó la dirigenta.
Con todo, arguyó que "es tan complejo este tipo de resoluciones con un sistema que, además, al ser parte integral con el sistema público que ya no da abasto viniendo de la pandemia, obviamente la demora en la tramitación de la ley corta hace que probablemente terminemos con una resolución como esta".
Pese a lo anterior, Balladares también responsabilizó al superintendente de Salud, Víctor Torres: "Ya que quedó establecido que era él quien tenía que aprobar los planes, podría haber advertido o haber puesto la alerta de que esto iba a generar un impacto en los usuarios y obviamente haber tomado alguna medida para mejorarlo previo a la presentación y a la ejecución".
