Manuel Inostroza dijo que esta situación tendría "consecuencias sanitarias muy preocupantes" para el país.
El experto dijo que, en caso de que se aplique el fallo, a partir de enero se iniciarían los procesos de quiebra de las aseguradoras privadas.
El exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza sostuvo en Cooperativa que el gobierno busca que las isapres dejen de existir "de facto", con el fin de obligar a los usuarios a cambiarse al sistema público sin la necesidad de cambios a nivel legislativo.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el también director de la isapre Esencial recordó que "el primero que dijo que hay una crisis sanitaria y que es lo que se quiere evitar con una ley corta fue el Presidente de la República cuando envió en mensaje presidencial el proyecto de ley y es lo que han dicho varios expertos de diversas universidades (...) si esto se aplicara, esto costaría seis mil millones y sería la quiebra a partir del mes de enero".
"Las crisis inicialmente la provocaron las isapres al oponerse a cambios legales que se les propusieron (...) pero luego, a partir del año 2014, cuando las isapres se allanaron a cambios y reformas, el sistema político tampoco concordó esas reformas y un sector importante legítimamente dijo 'ya no quiero reformar y mejorar las isapres, nosotros queremos hacer desaparecer a las isapres'", sostuvo.
Inostroza -militante de Amarillos por Chile- planteó que "no ha habido un acuerdo legislativo para sustituir la legislación que permitiría, ya sea, hacer desaparecer a las isapres en el marco de una reforma programada, consensuada, de transición, sin crisis, que es lo que a mí me preocupa o haber establecido que se podrían transformar en entidades privadas de seguridad social".
"El gobierno está más preocupado de que por la vía de facto, de realidad, se produzca la quiebra del sistema y más que intentar reformar el sistema, generar la situación de hecho de que todos nos vamos a ir a Fonasa. El problema es que va a ser con consecuencias sanitarias muy preocupantes para la población", lamentó el experto.
Desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo dijo que "nuestra preocupación como Gobierno, a diferencia de la Asociación de Isapres, es poder, en primer lugar, garantizar que el fallo se cumpla, porque sino estaríamos abriendo paso al incumplimiento del fallo de otro poder del Estado. En segundo lugar, que las y los usuarios tanto de las isapres como de Fonasa mantengan cierta estabilidad en el sistema, que puedan seguir atendiéndose a través de sus prestadores, sus patologías, enfermedades, etcétera. Es decir, que no colapse el sistema público y que mantengan sus prestaciones también los que están en isapre en el sistema privado".
"Y por eso después de esperar la comisión de expertos que creó el Senado para hacer recomendaciones, presentamos rápidamente un proyecto de ley corta que está en tramitación", añadió.
En tanto, remarcó que "vamos a hacer todo el esfuerzo. El Ministerio de Salud ha estado trabajando en eso y con otros ministerios para evaluar qué podemos anticipar legislativamente para cumplir o dar ciertas certezas a lo que es el fallo de la Corte Suprema".
"Hay aspectos de la ley corta que podrían eventualmente adelantarse, por ejemplo en el marco de la discusión del reajuste del sector público, pero eso está en evaluación y no queremos anticipar nada sin tener toda la evaluación técnica correspondiente", recalcó.
Por su parte, el exministro Enrique Paris sostuvo que "hacer oídos sordos a todas estas declaraciones a lo único que conduce es a una situación de inestabilidad, de incertidumbre y que va a producir probablemente graves riesgos en la salud de las personas, creando un efecto dominó que en un comienzo va a arrastrar a la salud privada y después a la salud pública de Chile".
Asimismo, el exministro de Salud Emilio Santelices señaló que "más temprano que tarde tendremos que lamentar que más de alguna isapre pueda declararse en insolvencia con las enormes consecuencias sanitarias que esto va a acarrear para los pacientes y para todo el sistema de salud en general".
"Yo quiero también insistir en la necesidad y hacer un llamado a la ministra, entendiendo que ella es la líder que tiene que velar por la estabilidad del sistema de salud y que éste no se vea afectado y particularmente los pacientes, para recoger las recomendaciones y la voluntad de colaboración que de todos los sectores les hemos hecho para poder resolver este problema", acotó.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, la diputada Ana María Gazmuri, sostuvo que "es evidente que la situación actual es realmente preocupante por los efectos que esta crisis puede tener en el sistema de salud, particularmente en la posible afectación de usuarios más vulnerables. Importante señalar que aquí no se trata y nunca se ha tratado de terminar con la provisión privada de las atenciones de salud, como algunos tratan de instalar, eso es incorrecto, es engañoso".
"Cualquier solución a esta crisis no puede pasar por incumplir sentencias judiciales en la Corte Suprema, eso también es clarísimo. Corresponde que las isapres dejen de victimizarse y amenazar y asuman que deben implementar los fallos de justicia, y si eso implica el fin de las isapres como las conocemos, bueno así tendrá que ser, ya no son viable. Por otra parte, la provisión privada es una necesidad objetivo y debe ser parte del sistema público de salud", cerró.
