La ministra de Salud, Ximena Aguilera, advirtió este miércoles que, si el Congreso no aprueba el artículo del reajuste al sector público relacionado con el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), impulsado por el Gobierno y que permite a las isapres adelantar el aumento anual en el valor de sus planes, cuatro de las siete aseguradoras abiertas podrían caer en incumplimiento de indicadores en los primeros meses de 2024.
"Efectivamente, esta reducción tan brusca de ingresos puede llevar a que los indicadores queden en una situación de incumplimiento en forma progresiva -a partir del mes de febrero en el caso de algunas- que después puede normalizarse, pero después, en marzo o abril, pueden consecutivamente a mostrar indicadores de incumplimiento las isapres, llegando a tres o cuatro -dependiendo del mes- de las isapres abiertas durante el primer semestre, incluso, durante el primer trimestre del próximo año", dijo la secretaria de Estado al defender ante la Comisión de Hacienda del Senado el artículo ICSA, despachado ayer desde la Cámara de Diputadas y Diputados.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, declaró en la comisión que "existen razones suficientes para poder adoptar esta medida, más allá incluso de las convicciones que uno pueda tener respecto a la necesidad de modificar el sistema, pero que, en la práctica y con sentido de responsabilidad, nos indica digamos ese sentido de responsabilidad que se hace necesario poder tomar esta medida".
El incumplimiento de los indicadores no significa necesariamente una quiebra, pues antes de eso se debería proponer ante la Superintendencia de Salud un plan de ajuste de contingencia.
Durante la tarde, el artículo ICSA fue aprobado sin cambios y de forma unánime en la Comisión de Hacienda y será votado mañana, jueves, en la Sala del Senado.
De acuerdo con las estimaciones, el fallo GES, ya en aplicación, reduciría los ingresos de las isapres en cerca del 12% en enero: en la aseguradora menos afectada sería de 4,8%, y en la que más, un 24%. De acuerdo con observadores de la industria, algunas verían un mayor impacto por esta sentencia y otras por la relativa a las tablas de factores, que deberá implementarse desde fines de mayo próximo.
SENADORES OFICIALISTAS ADMITEN "CONTRADICCIÓN"
El programa del Presidente Gabriel Boric propone crear un "fondo universal de salud", una especie de Fonasa que cubra a todas las personas que residen en Chile, así como terminar con el "negocio" de las isapres, para transformarlas en seguros complementarios voluntarios.
Desde la Comisión de Hacienda, los senadores oficialistas José Miguel Insulza (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) coincidieron en la contradicción que les produce tener que apoyar una medida que da oxígeno financiero a las mismas isapres que el Ejecutivo pretendía terminar.
"La situación provoca esas contradicciones, porque nosotros creemos en la necesidad de una reforma de las isapres y ese sigue siendo nuestro programa. Además, estoy convencido de que las situaciones que se encuentran en las isapres es claramente culpa de ellas mismas. Dicho lo cual, nosotros no podemos dejar sin salud a varios millones de personas en Chile. Eso implica una medida de corto plazo y esta es la medida de corto plazo que estamos tomando. No es lo más grato para nosotros pero lo estamos asumiendo", dijo Insulza.
"Más que verlo como que estoy entre la espada y la pared, es la mejor fórmula dentro de lo delicada que es la situación. Desde el punto de vista del programa del Presidente Boric, eso no ha cambiado. Lo que hay que hacer es enfrentar una crisis que tenemos y, además, respetar un fallo judicial. En consecuencia, ese es el cambio que estamos viviendo", señaló Lagos Weber.
"Si vamos a modificar la isapres, hagámoslo de una manera ordenada y no a partir de una crisis en la cual tal vez el desenlace puede ser muy malo", acotó.
Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) reconoció que, "si hubiese tenido que elegir este escenario, hubiese preferido no tener estas indicaciones, porque la verdad es que es muy complejo en un tema que tiene tantas consecuencias sociales para el país, para actividades económicas, pero también para la salud pública, resolverlo de esta manera, pero el Gobierno estimó -y hay argumentos- que esto era urgente".
