El Gobierno ingresó una veintena de propuestas a la comisión mixta que revisa el proyecto de ley corta de isapres, y el presidente de la instancia, el UDI Javier Macaya, señaló que "lo que hacen las indicaciones es prolongar la agonía del sector privado".
A contrarreloj es tramitada esta iniciativa ya que debe ser despachada antes de que este domingo 12 de mayo venza el plazo para implementar el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores.
La ley corta está en su trámite final en la comisión mixta, que deberá subsanar las discrepancias entre la Cámara Baja y el Senado, donde se esperaba el ingreso de las indicaciones finales por parte del Ejecutivo, las que finalmente ascendieron a 28 propuestas.
Entre las mociones, destaca la que explicita que el cálculo de la deuda no debe considerar los montos ya restituidos mediante el régimen de excedentes desde noviembre de 2022, por lo que el monto a devolver se rectificó a la baja, correspondiendo a 1,2 billones de pesos.
También se aclaró que la adecuación de los planes a la tabla única de factores de riesgo será aplicada en simultáneo con el ajuste al 7% del valor de los planes vigentes, y que el alza extraordinaria en su valor se calculará por beneficiarios, no por contratos.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, expuso que "nosotros como Ejecutivo, lejos de la displicencia, es la responsabilidad lo que nos ha llevado a proponer todas estas medidas. Esperamos que sean bien acogidas y que tengamos la posibilidad de tener un diálogo fructífero que permita una aplicación de la sentencia con un proyecto de ley que, a nuestro juicio, equilibre adecuadamente lo que son las obligaciones en un fallo que es justo, en el sentido de evitar que las personas sigan pagando cobros que la Corte ha considerado que son en exceso y que son más de 800 mil personales que están esperando que se reduzca este cobro ya desde noviembre del año 2022".
Asimismo, en la comisión mixta puntualizó que "el equilibrio financiero no lo vamos a conseguir con una intervención del Ejecutivo, tiene que ser un esfuerzo de la industria y acá se le está dando una oportunidad".
MACAYA: SE PROLONGA LA AGONÍA DEL SECTOR PRIVADO
Sin embargo, el senador Macaya fustigó que "ha sido como el cuento del lobo, de que se terminan las isapres, de que hay una preocupación de que el sistema de salud privado puede colapsar, y estamos ad portas de que eso ocurra".
"Yo quiero transmitir que las indicaciones que ha presentado el Gobierno dan cuenta de que el Gobierno está empujando con cada vez más fuerza el sueño de que todos nos vayamos a Fonasa, de que todos nos atendamos en el sistema público", aseguró el también timonel UDI.
Asimismo, declaró que "lo que hacen las indicaciones es prolongar la agonía del sector privado. Le transmitimos al Ejecutivo que no están nuestros votos disponibles hoy día, para prolongar esa agonía. Para soluciones en serio, conversémoslas, pero si hay una deuda de 1.500 millones de dólares y las isapres no valen ni un tercio de eso, es evidente que no hay posibilidad de que el sistema pueda subsistir. Preferimos que el Gobierno asuma su responsabilidad".
En tanto, el senador Francisco Chahuán (RN) dijo que "vemos que acá ha habido displicencia, improvisación, todavía es insuficiente para asegurar que los pacientes pudieran tener eventualmente la posibilidad de cambiarse de una isapre a otra, si es que les subieran efectivamente los planes".
El senador Sergio Gahona (UDI) indicó que "hay algunas cosas que mejoran, pero seguimos teniendo problemas porque no se hace cargo las indicaciones, el recálculo de las obligaciones emitidas por la Corte Suprema y un recálculo justo, no un recálculo para que quiebre el sistema. Y además decirle que los que están obligados acá es el Ejecutivo. La Corte Suprema mandató al superintendente aplicar fallos, no este Congreso".
A lo que respondió la ministra Aguilera que "el equilibrio financiero no lo vamos a conseguir con una intervención del Ejecutivo, tiene que ser un esfuerzo de la industria, aquí se le está dando una oportunidad. Separar la deuda del cálculo de indicadores de patrimonio para la viabilidad del sistema, justamente para evitar una quiebra técnica, el que se dé en plazos prolongados, el que exista la posibilidad del pago de bonos, el que exista la posibilidad de una alza extraordinaria, el que ya hayamos concedido un reajuste adelantado, son todas medidas que llevan a la estabilidad de la industria".
Según expertos, si la ley no se aprueba antes del 12 de mayo, hay aseguradoras que podrían caer en la insolvencia. Por ello, la Superintendencia de Salud entregó el nuevo cálculo de la deuda de las isapres, según el fallo de la Corte Suprema, y lo cifró en 1.589 millones de dólares al 31 de diciembre de 2023.
NO HAY MÁS PLAZO, DICE EL OFICIALISMO
Se prevé que entre el 7 y 8 de mayo se conozca el informe de la comisión mixta para poder legislar antes del 12 de mayo, fecha límite para la implementación del "supremazo".
La diputada Gael Yeomans (CS) criticó a la oposición y señaló que "acá no hay un proceso pendiente en el que podamos solicitar una prórroga del plazo. A mí me parece también un poco complejo el reabrir constantemente esa discusión. Tenemos un plazo que hay que cumplir y hay que hacer todo lo que esté en nuestro resorte para hacerlo cumplir también, para que una ley corta como esta pueda hacerse efectiva".
"Creo que el estar constantemente volviéndonos a situar en esa discusión nos hace perder tiempo en el propósito principal", añadió.
Mientras que el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que "voy a cumplir todo lo que finalmente se acuerde, pero hago ver la estrechez de cómo se entra a un debate donde a mí me gustaría que alguno de los 10 parlamentarios aquí pudiera recitar ahora en qué consisten todas las enmiendas, todos los artículos que se han plantado, hace dos horas atrás. Muy difícil, ¿verdad?".
Finalmente, el exministro de Salud Emilio Santelices cuestionó que "si esta no da cuenta del propósito por el cual el Ejecutivo lo envió y que era resolver la situación financiera y cumplir con el fallo, no tendría razón de ser tener una ley. Nosotros, con realismo político, entendemos que para el Gobierno la mutualización dejó de ser un método, aun cuando técnicamente son las formas que se hacen estos cálculos. No se insiste por ahí, sino que se insiste con otros mecanismos lograr los propósitos".
A lo que el superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó que "obviamente que si no existiera la ley corta, esos escenarios de caída en los cumplimientos de indicadores serían reales prácticamente para todo el sistema. De verdad, el peor escenario no es el del proyecto de ley, todo lo contrario. Esto mejora sustantivamente las condiciones de cumplimiento de las sentencias que las isapres están obligadas a cumplir".
