La Asociación de Isapres afirmó este domingo que todas las aseguradoras privadas ya aplicaron el fallo de la Corte Suprema que fijó un techo para la prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES) y anuló la última alza que las aseguradoras privadas habían aplicado el año pasado.
Hace dos semanas, el máximo tribunal rechazó la solicitud de ampliar el plazo para la implementación de la sentencia de agosto, dictada tras acoger impugnaciones de los usuarios y que definió el tope de la prima GES en 7,2 UF anuales (259 mil pesos) y dejó sin efecto los incrementos que las isapres habían realizado en octubre del 2022 hasta un promedio de 12,6 UF (454 mil pesos), valor que se reajusta cada tres años. Con ello, tenían hasta antes de este 10 de diciembre para notificar a los empleadores al respecto.
"El efecto irrefutable de esta medida, informado por la propia Superintendencia de Salud, es la caída de un 12% de los ingresos mensuales del sistema", lamentó el gremio de la entidades privadas en un comunicado difundido este domingo.
En ese sentido, insistió en la advertencia de que la aplicación de este "supremazo", así como el relativo a las tablas de factores que deberá implementarse en mayo del año siguiente, pone en riesgo la estabilidad del sistema privado de salud.
"El equilibrio del sistema se ha roto. Desde este mes, los aportes de los afiliados no cubrirán los costos asociados a sus atenciones: subsidios por licencias médicas, cirugías, procedimientos, consultas y exámenes, ya no tendrán financiamiento suficiente. El riesgo de una emergencia previsible, que nadie quiere y que afectará a prestadores y pacientes, públicos y privados, es evidente", sostuvo.
Según las estimaciones del regulador, Consalud vería la mayor disminución de ingresos, del 25,8% mensual; seguida por Nueva Masvida (17,7%), Cruz Blanca (14,8%), Banmédica (8,4%), Vida Tres (6,5%) y Colmena (5,3%).
Igualmente el gremio consideró "insuficiente" la alternativa que considera el Gobierno para paliar en el corto plazo la merma financiera de las isapres, de permitir un ajuste anticipado al Indicador de Costos de la Salud (ICSA) y que así puedan adelantar de julio a abril el alza de los planes base.
"Es incapaz de abordar una caída en los ingresos de la magnitud que enfrenta el sector. Debemos ser claros: esta medida, como se ha dado a conocer, no resuelve la crisis y, por lo tanto, no evita el fin forzado del sistema. Es razonable suponer que esto provocará decisiones en los prestadores muy graves para las personas. Y es incomprensible que el gobierno, que está consciente de esto, no proponga una verdadera solución que lo evite", expuso la Asociación de Isapres.
Sin embargo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró durante la semana en Cooperativa que "las isapres en este momento están en una situación bastante más estable, porque ya se redujo el efecto pandemia en sus indicadores, e incluso algunas de ellas ya tienen cifras azules en el último trimestre".
Con todo, el sector apuntó a la postura que ha manifestado el Presidente Gabriel Boric, de que su intención no es que caiga el sistema privado, por lo que hizo un llamado a buscar un "equilibrio que asegure la continuidad".
"Confiamos en sus declaraciones y esperamos que se traduzcan en acciones concretas, para llegar a soluciones reales. Hemos manifestado en todas las instancias posibles nuestra disposición a una reforma al sistema, que no debe hacerse con graves afectaciones a la salud de las personas. Le pedimos que recoja las recomendaciones que se han hecho con sustento técnico, para evitar una crisis sanitaria. Miles de pacientes, y el sistema de salud completo, dependen de ello", emplazó el gremio.
MINSAL PIDE "CONTRIBUIR CON ALTURA DE MIRAS"
En un comunicado emitido más tarde esta jornada, el Ministerio de Salud respondió a lo declarado por la Asociación de Isapres, y recordó que "la modificación de la tarifa GES es en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema que juzgó que las alzas aplicadas por este concepto fueron excesivas e injustificadas y exigió suspender estos cobros".
"Por su parte, entendiendo el efecto de estas sentencias para la industria, el Gobierno ha propuesto el adelanto del reajuste de las tarifas por precio base de las Isapres, como una de las medidas de mitigación y de forma proactiva, dado el rechazo de la Corte a prorrogar la entrada en vigencia de la sentencia", reiteró asimismo.
Siguiendo esa línea, la cartera recalcó que "el Ejecutivo nunca ha planteado que sea suficiente" pues "para ello se requiere aprobar la llamada ley corta, que considera mecanismos que permiten llegar al equilibrio financiero, pero exigiendo el compromiso de la industria en mejorar su eficiencia y que esperamos se apruebe prontamente".
"Como Gobierno continuaremos trabajando en lograr acuerdos que permitan cumplir las sentencias y dar estabilidad al sistema, sin olvidar cómo se generó el actual escenario. Por eso, nuestro llamado es a contribuir con altura de miras en la búsqueda de una solución que disminuya el riesgo para las personas que son el centro de nuestra preocupación", concluyó el Minsal.
"NO ES UNA BUENA NOTICIA"
La medida del Gobierno fue abordada por el senador socialista Juan Luis Castro, quien advirtió que "no es una buena noticia para los afiliados y por otro lado las isapres se quejan, por lo que por distintos lados hay problemas".
"Se trata de que haya una solución, y por eso hemos pedido insistentemente que esa solución pase por cambiar el modelo que tienen las Isapres, discriminando por sexo, por edad y por enfermedad", alertó el parlamentario que preside la Comisión de Salud del Senado.
En opinión de Castro, "mientras siga todo igual y los cambios sean del precio que paga la gente, no va a haber una solución real a la crisis que vive el sistema, que nuevamente las personas tienen que hacerse cargo de ello".
"Este es un dilema que tiene que resolverse lo antes posible", cerró el senador en diálogo con Cooperativa.
