Corresponde a un tercio de la estimación inicial realizada por la Superintendencia de Salud.
El equipo técnico propuso pagar la deuda a través de los excedentes.
La comisión técnica surgida desde el Senado cifró en 402 mil millones de pesos la deuda de las isapres con sus afiliados debido a cobros excesivos por usos de tablas de factores y que deberán ser restituidos en cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema.
Uno de los integrantes de esta instancia, el exministro Emilio Santelices, detalló que "la deuda total asciende a 402 mil millones".
"Nosotros también, a propósito de la otra dimensión que había que analizar, que era la estabilidad del sistema desde el punto de vista financiero, en términos de los vacíos que se generaban de inmediato y ante la necesidad de poder generar capacidad para que el sistema se pudiera adaptar en un tiempo razonable, consideramos hacer un análisis de la cifra a restituir a los afiliados a través de los excedentes, tal cual como lo señala el fallo, en un periodo de 10 años", explicó.
"Durante este período, con deuda vigente, tal como establece la propuesta del Ejecutivo, las isapres no podrán hacer retiro de utilidades", complementó.
La información considerada es la misma que aportó la Superintendencia de Salud para el trabajo del equipo técnico, pero esta instancia encargada por el Senado rebajó la deuda desde los 1.400 millones de dólares que había señalado originalmente el regulador a 451 millones de la divisa norteamericana.
La Superintendencia hizo un cálculo atendiendo la literalidad del fallo. Posteriormente, la comisión técnica, con esos mismos datos, aplicó algunos criterios específicos, entre ellos, que no corresponde deuda en excedentes a quienes han cotizado por menos del 7% legal, lo que redujo sustantivamente la deuda.
Por otro lado, se calculó sistémicamente por un criterio de mutualidad y no por caso a caso, ni por la realidad de cada afiliado. Es decir, quienes no fueron afectados, terminaron absorbiendo -en parte- de la deuda contraída por quienes sí fueron afectados, por lo que parte importante de ese monto lo pagarían los cotizantes.
Además, la comisión técnica propuso revisar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), con lo cual, eventualmente, podrían terminar aumentando el valor de los planes de las isapres.
Mientras tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, descartó que el monto indicado por la comisión técnica se trate de un "perdonazo", sino que puntualizó que fue calculado en base a "supuestos distintos" que los considerados por la Superintendencia.
"No es un perdonazo: lo que se está planteando son supuestos distintos de cálculo de los cobros en exceso, pero efectivamente nuestra intención es reconocer e incorporar a través de las indicaciones los distintos planteamientos hechos en la comisión una vez que los podamos analizar", precisó.
Además, indicó que "efectivamente nuestra intención es reconocer e incorporar a través de las indicaciones los distintos planteamientos que se hacen en la comisión una vez que los podamos analizar. Reconocemos el esfuerzo que ellos han realizado, los felicitamos por el informe, muy completo y con alternativas muy interesantes. Destacar que este es un informe de consenso en donde no hay posturas de minoría"
En tanto, el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, llamó a realizar una "digestión progresiva y gradual" de este informe y cuestionó a quienes sacan conclusiones; y aclaró que es una propuesta que debe ser analizada con el fin de reflejarla a través de indicaciones a la ley corta de isapres.
Gonzalo Arriagada, presidente de la Asociación de Isapres, planteó que "el periodo que calculó la comisión es una determinación de ellos, definieron ese plazo como aquel que es necesario para poder devolver este dinero. Ahora, no sentimos que tengamos una deuda a este respecto. Es un tema complejo, las realidades de cada compañía son diferentes".
Al ser consultado sobre si continúa el riesgo de inestabilidad financiera, Arriagada sostuvo que "mientras la ley corta no esté aprobada, naturalmente. Además, creo que hay que hacer un llamado a que las soluciones sean oportunas, rápidas".
Lo que viene ahora son las indicaciones que va a presentar el Gobierno a la ley corta de isapres, cuyo fin es fortalecer el sistema para implementar el fallo de la Suprema.
"La cifra que nosotros entregamos se sustenta en la lectura o en la aplicación literal del fallo y la comisión técnica ha sugerido elementos distintos de análisis. La Superintendencia tuvo un rol técnico, nosotros entregamos o aportamos la cifra en virtud de los supuestos y es la comisión propiamente tal la que tomó definiciones respecto de qué informar, pero no es que hoy día haya un efecto inmediato ni de rebaja en términos de montos, ni de rebaja en términos de persona", afirmó el superintendente de Salud, Víctor Torres.
"Finalmente, es el Parlamento obviamente el que va a tomar la definición en virtud de las indicaciones que ingrese el Ejecutivo", añadió.
El plazo para implementarel fallo del máximo tribunal fue reciente ampliado hasta mayo de 2023.
