La Asociación de Isapres expresó su preocupación tras conocer la metodología del Gobierno de implementar el fallo de la Corte Suprema, que ordenó uniformar la tabla de factores, y advirtió que ésta equivale a casi 100 años de utilidades del sector, siendo "inviable".
"Quedando solo semanas para cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordenó uniformar el sector Isapre bajo una única tabla de factores, hemos conocido la decisión del Gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo", aseguraron mediante un comunicado.
Las isapres puntualizaron que "estimados los costos hacia el futuro, la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades. Es inviable, e incumple la promesa del Gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son diez veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten".
Además, indicaron que el máximo tribunal tras fijar este nuevo criterio "ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado", acusando que la propuesta del Ejecutivo "causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el gobierno conoce".
El gremio de las isapres reiteraron que han informado al Gobierno sobre los alcances y "efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno", por lo que expresaron que "no comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria".
Finalmente, la asociación concluyó que "creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes, con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud".
